No convertir en negociado la situación de los damnificados.
Como ocurre en cada creciente, noticias de prensa dan cuenta de que el número real de damnificados es una incógnita, ya que las distintas instituciones gubernamentales involucradas con ellos –Ministerio de Salud, Municipalidad, Secretaría de Emergencia Nacional– manejan cifras diferentes. Según el concejal Daniel Centurión, en los últimos quince años la reubicación de los inundados ya demandó a la Comuna asuncena entre ¡300 y 350 millones de dólares!, que son unos 20 millones de dólares al año. Con esta cifra asombrosa, Asunción hubiese podido construir una segunda costanera o una franja costera, con todas sus obras complementarias. O se hubiera podido erigir barrios enteros, dotados de viviendas y servicios públicos, en los que los eternos “damnificados” hubiesen podido ser ubicados de modo permanente, digno y conveniente. La situación mueve a pensar que esta dolorosa tragedia constituye un fructífero negocio para alguna gente. Se trata de un problema cuya solución no se puede demorar, tanto por las dificultades que ocasiona como –y principalmente– por los multimillonarios recursos de los contribuyentes que insume cada año sin mejorar un ápice la situación de los damnificados.
Como ocurre en cada creciente, noticias de prensa dan cuenta de que el número real de damnificados es una incógnita, ya que las distintas instituciones gubernamentales disponen de cifras diferentes, lo que da la pauta de que trabajan desperdigadas en vez de coordinar sus actividades. Una información publicada por nuestro diario indica que el Ministerio de Salud (Región Sanitaria Capital) maneja la existencia de 1.160 familias afectadas por las aguas, mientras la Municipalidad detectó a 4.581 familias, y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a 4.600 familias. Esta circunstancia abre un campo propicio para el despilfarro y la corrupción.
Ninguna persona de bien puede sentirse indiferente a la situación de los miles de compatriotas que cada año –y a veces con mayor frecuencia– son desplazados de sus lugares de residencia por la crecida de las aguas. No se puede sino sentir solidaridad hacia la triste situación de esas personas que viven en tan precarias condiciones. Por esto mismo, cuesta comprender que luego de tantos años de sufrir permanentemente el mismo problema, no se les haya podido encontrar –o no se les haya buscado en serio– una solución acorde con la dignidad humana. En vista de los resultados –o la falta de ellos– y la enorme cantidad de recursos invertidos para buscar a cada momento una respuesta coyuntural, mueve a pensar que esa dolorosa tragedia constituye un fructífero negocio para alguna gente.
En este mismo momento, nuevamente el incremento del nivel del río Paraguay viene a producir “el drama de los damnificados”, como algunos suelen llamarlo. La inundación de las tierras ribereñas es un hecho común, previsible. Por esta razón, aunque duela, puede decirse que esto de ser “damnificado” se fue convirtiendo con el tiempo en un buen negocio; algunos de los afectados ya lo asumen como si fuese una profesión. Cada cierto tiempo reciben gratuitamente una dotación de chapas, postes, tirantes, planchas de madera, carpas de plástico y transporte para este material, así como asistencia variada. La Municipalidad de Asunción, principalmente, carga con el gasto de proveer todo esto y, además, de buscarles y habilitarles lugares en plazas, paseos, veredas y otros predios que pueda conseguir. Según información proporcionada por el concejal
capitalino Daniel Centurión, en los últimos quince años la reubicación de los inundados ya demandó a la Comuna asuncena entre ¡300 y 350 millones de dólares! En promedio, pues, son unos veinte millones de dólares anualmente.
Con esa cifra asombrosa, Asunción hubiese podido construir una segunda costanera o una franja costera, con todas sus obras complementarias. Con esa suma, se hubieran podido erigir barrios enteros, dotados de
viviendas y servicios públicos, en los que los eternos “damnificados” hubiesen podido ser reubicados de modo permanente, digno y conveniente.
Pero, en fin, tanto para los inundados como para las autoridades es preferible, por lo visto, esperar las crecidas fluviales. Los inundados se sientan a esperar el auxilio gratuito, mientras las autoridades corren apresuradamente a asistirlos, abriendo de par en par las arcas públicas y dilapidando el dinero siempre en los mismos
rubros, lo cual es una demostración reiterada de incompetencia o de inmoralidad, porque solamente a una de estas dos causas, o a ambas, puede deberse esta sospechosa manera de encarar situaciones como la comentada.
Entretanto, el habitante de Asunción que se esfuerza en ganarse diariamente la vida, en pagar los tributos que se le exigen y en tratar de vivir decentemente en una ciudad ordenada, tiene que cargar con el doble peso del problema: por un lado, ver cómo la Municipalidad derrocha los recursos económicos que deberían estar destinados a mejorar las condiciones urbanísticas para todos; y, por el otro, ser puntual en el pago de los
impuestos y tasas con los que se van a costear el auxilio a los inundados y los negociados paralelos.
Por otra parte, muchos de los mal llamados “damnificados”, después de ser reubicados se convierten en “damnificadores”, o sea, en causantes de daños al vecindario en que se ubican, al crear problemas en cuanto a la seguridad de las personas, al aumento de las basuras y el desorden, lo que repercute en la calidad de vida de sus habitantes regulares. En muchos casos, además, los damnificados se han transformado en habitantes permanentes de los lugares públicos, aunque las aguas hayan vuelto a su cauce normal.
El tema de las inundaciones y de los inundados ya es demasiado viejo. Se repite incansablemente a lo largo de los años sin que las autoridades comunales y gubernamentales ofrezcan solución definitiva, disponiendo –como se desprende de las palabras del concejal Centurión– de los recursos para hacerlo.
Se conocen las dificultades existentes; se conoce la falta de voluntad de los propios políticos y autoridades, al
acecho siempre de sacar ventajas electorales de cada dificultad y de cada solución que se propone. Pero se trata de un problema cuya solución no se puede demorar, tanto por las dificultades que ocasiona como –y principalmente– por los multimillonarios recursos de los contribuyentes que insume cada año sin mejorar un ápice la situación de los inundados. Estos ya no deben constituir carne de cañón para las apetencias políticas, sino debe encontrárseles una solución acorde con la dignidad humana.