Solicitan que Contraloría audite licitación sospechosa de fraude
Ante la negativa de Contrataciones Públicas de investigar las irregularidades en la licitación para el mejoramiento del corredor de exportación, oferentes descalificados requieren que la Contraloría audite este llamado conducido por el MOPC.
Francisco Griñó, representante de la empresa Topografía y Caminos (T y C) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República y ante la Procuraduría, solicitando la intervención de estas instituciones en el llamado a licitación para las obras de mejoramiento el corredor bioceánico, debido a una serie de irregularidades. Este corredor se inicia en la localidad de Natalio, en Itapúa, llega a Alto Paraná y tiene 147 kilómetros.
Griñó dijo que el contralor Enrique García debería recomendar la cancelación de la adjudicación, como en su momento hizo con la APP del aeropuerto.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entidad convocante de la licitación, había descalificado al 40% de los oferentes que se presentaron a este llamado, supuestamente por errores en la forma de la presentación de las ofertas. Casualmente, el MOPC había omitido subir al portal de Contrataciones Públicas un documento clave que establecía la forma de presentación de las ofertas.
Los oferentes que casualmente “adivinaron” de qué forma debía hacerse la presentación y finalmente resultaron adjudicados son: Benito Roggio e Hijos, Ecomipa (del grupo Wasmosy) e Ilsung. Esta última es la empresa coreana que al inicio de la gestión del ministro Ramón Jiménez Gaona fue adjudicada con la rehabilitación de la Ruta 8, que hoy es la obra más atrasada del gobierno de Horacio Cartes.
El monto total adjudicado en los tres tramos del corredor de exportación es de G. 951.081.880.877.
Griñó explicó que la omisión del MOPC de subir al portal el documento en cuestión hizo que tanto él como los representantes de otras cuatro empresas asumieran que el llamado era sin precalificación. Lo que finalmente hizo que prepararan sus ofertas de tal forma que no se adecuaran a las condiciones establecidas por la JICA, agencia japonesa financista del proyecto.
“Si son cinco las empresas que se equivocaron en la forma de presentación de las ofertas es porque claramente el procedimiento no era claro y no nos dieron la posibilidad de aclarar las dudas”, señaló Griñó.
Por otro lado, se refirió a la negativa de Contrataciones Públicas de investigar esta licitación, que en su momento fue protestada por otro oferente (ver facsímil).
La DNCP argumenta que por tratarse de una obra financiada con recursos de la JICA rigen sus normas y no así las normas locales de contratación.
Ayer intentamos hablar con el contralor, pero no tuvimos respuesta. Hicimos lo mismo con el ingeniero Ignacio Gómez, evaluador, pero no respondió nuestras llamadas. Aguardamos la comunicación de ambos para tratar el tema.