Reclamo indígena por tierras sigue sin solución
El líder de los indígenas instalados frente al Congreso, Ramón Benítez, señaló que no dejarán la Plaza de Armas hasta tanto las autoridades no les den respuestas sobre las tierras de las que fueron desalojados en diciembre del año pasado con la quema de sus viviendas y destrucción de sus cultivos.
El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Aldo Saldívar, señaló que el único documento con el que cuenta la institución sobre las tierras que reclama Benítez, ubicadas en el distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, es un contrato privado entre el extitular del Indi, Valentín Gamarra (1995), y el que decía ser propietario de las tierras, además de una resolución del Consejo del Indi que autorizaba comprar la propiedad; sin embargo, no hay documentos del pago efectivo de la propiedad de 500 hectáreas. “No hay otros documentos”, dijo.
Benítez dijo sobre el punto que existió una personería jurídica que supone fue para titular las tierras, e indicó que las autoridades de esa época “seguramente utilizaron, una vez más, a los indígenas para robar”. De hecho, el extitular del Indi Valentín Gamarra fue condenado a siete años de prisión por desviar fondos destinados al pago de tierras a favor de comunidades indígenas.
La comunidad indígena Jetyty Mirî que está bajo el mando del cacique Sabino Piris está hace más de 40 años instalada en unas 15 hectáreas de las tierras en conflicto, y es el único cacique reconocido por el Indi que no cuenta con título de propiedad.
Piris aceptó que Benítez se instale en la comunidad con su gente, proveniente de Caaguazú, pero, según Saldívar y Antonio Portillo, facilitador indígena de la comunidad Ava Guaraní, tras su llegada se iniciaron las fricciones, situación que desmintió Benítez.
Benítez y su comunidad se habrían instalado en el lindero del terreno en conflicto y de allí fueron desalojados. Portillo también refirió que tanto Piris como Benítez recibieron dinero de parte de los que dicen ser propietarios del terreno para que lo abandonen, pero ninguno dejó el lugar hasta el desalojo de Benítez. Por su parte, Piris sigue en la propiedad junto a 25 familias, sin ningún tipo de asistencia y en total abandono, según subrayó Portillo.
El presidente del Indi agregó que ofreció a Ramón Benítez ubicarse con su gente en tierras que son del instituto y que están en el departamento del Guairá, pero este rechazó la propuesta. Benítez explicó que visitaron las tierras, invitados por el Indi, y que hablaron con el cacique de la comunidad de esa zona, pero descubrieron que no cuentan con servicios básicos como energía eléctrica.
“No queremos vivir cómo están viviendo allí. Queremos trabajar en nuestra tierra y tener derecho a que nuestros hijos vayan a la escuela, cuenten con luz eléctrica y agua”, dando a entender que la comunidad indígena del Guairá no cuenta con estos servicios.
El cacique Benítez entregó notas de denuncia sobre el desalojo y de reclamo de reposición de las tierras a distintos estamentos del Estado. A ambas cámaras del Congreso, al Indi, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. “Tenemos derecho a la tierra por ley y no se cumple”, apuntó.