La podredumbre sigue intacta.
Otra familia más que se volvió archimillonaria de la noche a la mañana, y que ahora sale a la luz pública, es la conformada por el fiscal general con autopermiso, Javier Díaz Verón, su esposa y sus dos jóvenes hijos. Entre sus negocios figura una sociedad anónima en la que los tres últimos realizaron millonarios aportes sin conocerse de actividades lucrativas que justifiquen los montos aportados. El clan Díaz Verón y sus aventuras económicas son del mismo calibre y color que los de Óscar González Daher, Víctor Bogado, José María Ibáñez y otros “próceres” del oficialismo colorado de las últimas décadas, que acumularon riqueza, privilegios, ventajas de todo tipo, a expensas del Estado. Nos preguntamos con qué cara se presentará el candidato Mario Abdo Benítez ante su electorado estando pendientes de aclaración y solución las oscuras cuestiones referentes a los repulsivos personajes mencionados y otros que figuran en las “listas sábana” del coloradismo. A este paso, mientras en numerosos países de la región soplan aires moralizadores, parece que el Paraguay nunca será redimido de la ciénaga de indecencia política y administrativa en que está paralizado.
Otra familia más que se volvió archimillonaria de la noche a la mañana, y que ahora sale a la luz pública, es la conformada por el fiscal general con autopermiso,
Javier Díaz Verón; su esposa, María Selva Morínigo; su hija, Yerutí Díaz Morínigo, y su hijo Alejandro Díaz Morínigo. Si bien no se trata de un hecho sospechado de enriquecimiento ilícito que sea singularmente original o sorprendente en sí mismo, es muy útil para entender cómo funciona el esquema de corrupción pública en nuestro país.
Las oportunidades tramposas de florecimiento económico de un fiscal general del Estado son múltiples y variadas. Puede optar por actuar al servicio del cliente con cierta discreción, promoviendo o entorpeciendo investigaciones, salvando y condenando a sospechados mediante artimañas, haciendo hallar o extraviar evidencias, documentos, etc. También puede actuar a lo bruto, cobrando coimas o “gratificaciones” directamente, a cambio de hacer cualquier cosa de las anteriormente citadas al margen de la ley o el procedimiento. Pero, además, tiene a su disposición la gran ubre institucional, el presupuesto del Ministerio Público, que en 2017 sobrepasó los 620.000 millones de guaraníes. Esta enorme suma no puede ser auditada por la Contraloría General por una acción de inconstitucionalidad presentada por el fiscal general actual (como también lo hicieron sus antecesores), obtenida con la complicidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué gran irregularidad ha de esconder esta ejecución presupuestaria que el propio fiscal general se opone a la auditoría?
A este respecto, el Sindicato de Asistentes del Ministerio Público, por ejemplo, desea averiguar cómo gastó el dinero de la institución el fiscal general con permiso, para lo cual solicitó a su sustituto y allegado, Alejo Vera Ojeda, que autorice que la Contraloría General de la República ingrese a auditar las cuentas de la institución. Así comienza a entenderse una faceta turbia del proceso de putrefacción moral y política tal como opera en nuestro país en estos tiempos. Según se refiere, esta práctica de instrumentar la Sala Constitucional de la Corte (actualmente integrada por Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña) para atar las manos de la Contraloría se hizo también hábito entre más de un centenar de entidades estatales, que por lo visto desean esconder sus latrocinios.
La tenaz oposición a que la Contraloría ingrese a husmear en su gestión autoriza a pensar que el fiscal general Díaz Verón pudo haberse llevado bolsas del dinero institucional a su casa en la seguridad de que su gestión no será auditada. Precisamente, el mismo está realizando actualmente malabarismos –algunos de los cuales ya fueron demeritados– para explicar sus inversiones y las de su familia en diversos emprendimientos.
Por ejemplo, para la constitución de la sociedad anónima Canto Rodado, su esposa, María Selva Morínigo, aportó 1.500 millones de guaraníes, mientras que sus dos jóvenes hijos, sin actividad lucrativa que justifique sus montos, aportaron 500 millones de guaraníes cada uno.
El clan Díaz Verón y sus aventuras económicas son del mismo calibre y color que los de Óscar González Daher, Víctor Bogado, José María Ibáñez y otros “próceres” del oficialismo colorado de las últimas décadas, que acumularon riqueza, privilegios, ventajas de todo tipo, a expensas del Estado, con una actitud tan soberbia y descarada, y con tanta impunidad, que dejan a la gente decente pensando en un dilema grave: si este país tiene aún chance o ya perdió definitivamente la posibilidad
real de redención moral; es decir, si está condenado a ser un Estado raquítico, subdesarrollado, incapaz de progresar por causa de los vampiros que insaciable e impunemente succionan la sangre de sus recursos económicos.
Porque en los últimos años ya hubo demasiados turbios asuntos similares a los que actualmente relatamos. Esta clase de “fatos” continúan sucediendo en nuestro país abiertamente, tranquilamente, al mismo tiempo que los gobernantes y los candidatos electorales, uno a uno, cada
cual a su turno y en su momento, dedicaron o dedican al pueblo reiteradas y ampulosas promesas de combatir la corrupción.
Nos preguntamos con qué cara se presentará el candidato Mario Abdo Benítez ante su electorado estando pendientes de aclaración y solución las oscuras cuestiones referentes a los repulsivos personajes mencionados y otros que figuran en las “listas sábana” del coloradismo.
Por otra parte, revisando una y otra vez los engranajes del aparato maldito que bombea los recursos públicos del Paraguay hacia bolsillos y cuentas particulares, indefectiblemente uno se topeta, en alguna parte del
proceso, con miembros del Poder Judicial que actúan como encubridores, pantallas, facilitadores de impunidad o como quisiera llamarse a todo lo que haga fácil la vida de los ladrones con influencia política y les proporcione impunidad.
A este paso, mientras en numerosos países de la región soplan aires moralizadores, parece que el Paraguay nunca será redimido de la ciénaga de indecencia política y administrativa en la que está paralizado si es que no son saneadas instituciones claves como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los partidos políticos.
Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben seguir conviviendo mansamente con los corruptos y bandidos, ni aceptar indiferentes que el dinero de los contribuyentes sea destinado al grosero enriquecimiento de familias y grupos políticos inescrupulosos, sino demostrarles públicamente su repudio y desprecio allí donde se los encuentre.