Sospechosa licitacion de US$ 70 milliones para una carcel
EL MOPC, Y NO EL MINISTERIO DE JUSTICIA, CONDUCE EL LLAMADO
El gobierno de Horacio Cartes busca adjudicar la obra casi al finalizar sus 5 años de mandato
Actual administración será responsable de pagar un anticipo del 20% del costo de la construcción
El concurso es bajo la modalidad “suma alzada”, que eleva considerablemente el monto de ofertas
Con este sistema, la cancelación se realizará cuando la empresa contratista entregue el penal terminado
El llamado está disponible desde hace poco más de un mes en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El monto de inversión estimado es de 397.824.053.834 guaraníes, más de 70 millones de dólares, cuyo anticipo se pagará antes de que termine la actual administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Las ofertas se conocerán el 28 de febrero.
Para conocer la razón de que el MOPC se ocupe de conducir la licitación de una obra que por definición le corresponde al Ministerio de Justicia, conversamos con Claudia Centurión, directora de proyectos estratégicos del MOPC; y con Viviana Gill, coordinadora del proyecto en cuestión. Ambas explicaron que el proyecto resulta de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el MOPC.
Según dijeron, los pliegos de la licitación fueron elaborados por los técnicos del Ministerio de Justicia y corregidos por la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC. La obra se financiará con bonos soberanos.
Centurión agregó que es una decisión estratégica del gobierno que de todos los temas de infraestructura se ocupe el Ministerio de Obras Públicas y que, supuestamente, eso le dará mayor velocidad al proyecto.
Costo financiero adicional
La obra se licita según los términos de la Ley 2051, es decir bajo el régimen convencional. Sin embargo, fuera del anticipo del 20% que se pagará al inicio de la misma, el oferente no tendrá derecho a cobrar la diferencia, sino hasta finalizar la construcción y que se cumpla el plazo de recepción definitiva. Esto significa que en la práctica cada oferente cotizará también un costo financiero adicional.
La modalidad elegida, entre las opciones que brinda la Ley de Contrataciones Públicas, es la de “suma alzada”. La titular de la DIPE, Centurión, defendió este modelo diciendo que no permite ajustes en el precio.
Las funcionarias explicaron que esperan la presencia de oferentes extranjeros y aseguró que la licitación ha venido siendo publicitada tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por el Ministerio de Justicia, que elaboró los pliegos del llamado.