Acabar entre todos con la lacra del nepotismo
El presidente argentino, Mauricio Macri, dispuso reducir la cuarta parte de los cargos públicos calificados de “políticos”, y dictó un decreto prohibiendo que parientes de los ministros del Ejecutivo sean nombrados funcionarios en cargos gubernamentales.
“Tenemos que dar el ejemplo. La austeridad tiene que partir desde la política”, manifestó, y agregó: “Todos tenemos que ceder algo para que gane el conjunto”. Ante la dura situación que viene pasando el vecino país, el citado mandatario también congeló los salarios más elevados de la administración estatal.
Estas son medidas de Gobierno sensatas, enérgicas y certeras, que piden ser imitadas por los demás países en los que, como sucedió en el nuestro, el Estado fue convertido en botín particular de políticos
piratas. El presidente Macri ni siquiera tuvo que ir a negociar la aplicación de su medida con los opositores del Congreso, sino que directamente se valió de su autoridad personal. Así debe comportarse un jefe del Ejecutivo con agallas para resolver graves y urgentes problemas que afectan a su país, y que no depende de la politiquería ni de las masas cooptadas a base de prebendas para gobernar. Una disposición como esa es imperioso que sea aplicada en el Paraguay, donde el nepotismo y el clientelismo se practican descaradamente en los tres Poderes del Estado, en las Gobernaciones y en las Municipalidades. Si pudiéramos contar con un presidente de la República con el coraje suficiente para encarar una reforma similar, desparasitando el Presupuesto Nacional, ahorraríamos miles de millones de guaraníes al Estado y podríamos comenzar a resolver urgentes carencias sociales.
En 2013, un columnista de nuestro diario publicó los nombres de los legisladores y dirigentes partidarios que tenían parientes contratados como funcionarios de la Cámara de Diputados, una cueva de nepotismo y planillerismo tan enorme que en su nómina, aquel año, se listaba más del millar de personas. Contrariamente a la creencia predominante entonces de que los recomendados eran solo de legisladores colorados, también los había de todos los colores. Ya aparecían los nombres de los colorados Perla de Vázquez, Víctor Bogado, José Chamorro; de los liberales Zulma Gómez, Salyn Buzarquis, Ramonita Mendoza, Salustiano Salinas, María Carísimo, además de Carlos Soler (Patria Querida) y David Ocampos
(Unace), entre otros, que tenían instalados allí a sus esposas, hijos y otros miembros de su parentela.
En julio del año pasado, se publicó que Jorge Oviedo Matto, entonces vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, metió en el sector público nada menos que 32 familiares, que le costaban al erario unos 203.700.000 de guaraníes mensualmente. Cuando ocupó el cargo de presidente de su Cámara, en 2011 y 2012, los parientes y recomendados de Oviedo Matto no solamente pululaban en las planillas del Poder Legislativo, sino que extendían sus tentáculos hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Contraloría General, el Ministerio de Industria y Comercio, la Corte Suprema de Justicia, con salarios que oscilaban entre 2.200.000 y 20.000.000 de guaraníes.
El ministro de la Corte Óscar Bajac tiene también un plantel que incluye a hijas, nietas, consuegra, hermano y hasta parientes de su yerno en las planillas del Poder Judicial, que le cuestan al contribuyente la friolera de 1.388.946.767 guaraníes al año de remuneración.
El diputado liberal Dionisio Amarilla colocó a sus cinco hermanos y a su esposa como funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde fungió durante veinte años como director de finanzas. Los hermanos Amarilla Guirland se embolsillan mensualmente 101.576.800 guaraníes. La esposa del diputado –sigilosamente comisionada a la Contraloría General luego de las manifestaciones de protesta “UNA no te calles”– hasta entonces percibía 9.178.988 guaraníes mensualmente, con muchos indicios de que incurría en planillerismo.
El diputado colorado Hugo Velázquez, actual candidato colorado a la vicepresidencia de la República, ubicó con sueldos públicos a alrededor de seis o siete familiares, que mensualmente reciben en total más de 100 millones de guaraníes.
Siendo presidente de la República, Fernando Lugo metió a un número indeterminado de parientes en planillas públicas, entre ellos su hermana, la “primera dama” de entonces, y, de esta, un hijo y una nuera, siete sobrinos de ambos, un “yerno” de Lugo –se sospechaba entonces que tenía una hija– y dos primos. Al ser requerido al respecto, el hoy titular del Senado se justificó con la famosa frase: “los parientes también tienen derecho a trabajar”. No hablemos ya del hasta hace poco poderoso Óscar González
Daher, despojado de su investidura de senador por manifiesto tráfico de influencias cuando presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Se estima que el número de parientes y allegados que instaló en puestos públicos es incalculable. Como se viene publicando, en ese organismo nombró hasta a los hijos de sus “hurreros”, uno de los cuales se vio obligado a renunciar tras publicarse sus casos. Se diría que con estas informaciones huelgan los comentarios, aunque los casos similares son interminables. Lo que no se puede dejar de mencionar es que la Ley Nº 5295/14, “que prohíbe el nepotismo en la función pública”, hasta ahora es letra más que muerta. La citada ley identifica claramente quiénes deben ponerla en práctica, y abarca desde el presidente y el vicepresidente de la República, pasando por los legisladores (incluidos los del inútil Parlasur, que se han llenado de empleados), hasta los responsables de organismos de los tres Poderes del Estado, de las Gobernaciones, de las entidades binacionales, de las sociedades anónimas con participación del Estado, y hasta de organizaciones no gubernamentales que reciben aportes del Estado. Los mismos no pueden contratar a cónyuges, concubinos ni parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que sus nombramientos o contrataciones se efectúen dentro de las normas legales que regulan el acceso a la función pública. La citada ley también establece que quienes contravienen sus disposiciones sean sancionados con inhabilitación de hasta cinco años en el ejercicio de la función pública y la nulidad del acto jurídico, lo que implica que quienes fueron nombrados en contravención a esta ley están en forma completamente ilegal. Además, el autor de la designación y el beneficiado son solidariamente responsables de la devolución de lo cobrado indebidamente.
Pero, ¿quiénes tienen que poner en acción las disposiciones de esta ley? ¿Los agentes fiscales, estos que, como los tres monos sabios, no ven, no hablan, no escuchan? ¿Los jueces y magistrados instalados en sus cargos por padrinos empotrados en el Congreso y en el Poder Ejecutivo? Este es uno de los motivos por los qué nuestros políticos se afanan tanto por tenerlos sometidos dócilmente a sus dictados.
El nepotismo es un tentáculo más de la corrupción política que ahoga a nuestro país. Los ciudadanos y las ciudadanas, en general, y los empleados públicos que cumplen correctamente con su trabajo pero que cobran menos que los recomendados pueden prestar un gran servicio a nuestra sociedad denunciando sin temor a quienes han caído como paracaidistas en los puestos públicos de la mano de padrinos y cobran inmerecidamente dinero de los contribuyentes.