En quién y en qué creer
Sin darnos cuenta, los paraguayos nos hemos ido metiendo en callejones sin salida y actualmente nos resulta bastante difícil saber en quién o en qué creer cuando de políticos e instituciones públicas se trata. Los periódicos comicios para el cambio de autoridades no son sinónimos de calidad y vigencia de nuestra democracia.
Esta crisis no es solo local, sino internacional: asumió un outsider en la Casa Blanca, un autoproclamado presidente con orden de prisión en Cataluña, un expresidente condenado por la justicia en Brasil quiere retornar al cargo por su popularidad, un dictador está matando de hambre a su gente en Venezuela, un cacique se declaró jefe de Estado vitalicio en Bolivia, decenas de dirigentes públicos fueron sobornados por la poderosa Odebrecht en Latinoamérica, etc.
En nuestro país, la Constitución Nacional prohíbe expresamente la reelección del Ejecutivo, pero ya hubo dos presidentes que a toda costa querían un segundo y, quizás, tercer período. La Carta Magna parece luz roja en las madrugadas: nadie la respeta.
El Poder Judicial, en teoría, es libre, independiente e imparcial como garantía del respeto a la Constitución y a las leyes. Los miembros de la Corte Suprema deben durar cinco años en sus funciones y retirarse al cumplir 75 años de edad. Los señores ministros de Corte no ven, no escuchan ni leen los preceptos legales que les ponen límites y ahí están: viejitos atornillados a sus cargos como si fuesen vitalicios.
Si los jueces y fiscales se portan mal, para eso está en Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero, claro, como estamos en Paraguay, había sido que este organismo se maneja como un clan mafioso que aprieta y soborna a los mismos fiscales y jueces a quienes debe juzgar.
Resulta difícil creer en los honorables diputados y senadores porque muchos de ellos han cometido acciones delictivas, han sido denunciados ante la justicia, se refugian en sus fueros y, con caradurez sin límites, vuelven ahora a candidatarse para el Congreso. Hacen lo que quieren con el presupuesto, recomiendan a sus parientes y amigos para cargos públicos, y gastan millones en bocaditos, combustibles y viáticos.
Confías entonces en el Ministerio Público: a mal puerto fuiste por leña. El Fiscal General ejerce el cargo en forma “mau” pues su período ya venció hace rato y, por si fuera poco, enfrenta serias acusaciones de enriquecimiento ilícito pues ha montado una red de negociados con su esposa y familiares, ¡y hasta se llevó lingotes de oro a su estancia!
Un grave problema es la inseguridad en las calles y la Policía debería ser la respuesta adecuada. Tampoco están bien las cosas por aquí. Hay demasiadas denuncias de efectivos policiales aliados con delincuentes para los asaltos y extorsiones a los ciudadanos. Si a medianoche, un policía quiere pararte en la calle, oh la la, ¿será el bueno?, ¿será el malo? Mejor me rajo.
Hay mucha tela que cortar, demasiadas malezas que eliminar, pero la tarea es ineludible. Necesitamos recuperar la fe en las instituciones republicanas. No hay de otra, como dicen los jóvenes millennials.