Corrupción en casi todas las obras públicas
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene en proceso licitaciones y proyectos de valores millonarios bajo sospecha de corrupción. También hubo un festín de consultorías desde el inicio de esta gestión y que aún se mantiene. Las únicas dos APP tienen un tendal de denuncias a cuestas.
Los proyectos considerados estratégicos por la gestión de Ramón Jiménez Gaona al frente del MOPC se caracterizaron por las denuncias de sobrecostos. Especial mención merecen los proyectos de alianza público-privada (APP), cuyo régimen legal fue aprobado justamente durante este periodo gubernamental (ver infografía).
La única APP que se adjudicó, el ensanchamiento de las Rutas 2 y 7, tiene como contratista a un consorcio liderado por Sacyr, una empresa española que tiene antecedentes de incumplimiento en todo el mundo. Esos antecedentes debieron descalificarle de la licitación, pero el MOPC le mantuvo y finalmente le adjudicó.
Es la misma empresa que aspira a quedarse con la ejecución de la ampliación y mejoras del aeropuerto Silvio Pettirossi, también por APP, y que ha llevado al MOPC a promover una acción de “certeza constitucional” ante la Corte, una figura que ni siquiera existe en nuestra legislación. Esto, para excluir un dictamen de la Contraloría que evidenció irregularidades en esta lici- tación y recomendó su can- celación.
Intereses personales
Capítulo aparte constituyen las concesiones en las que el ministro Jiménez Gaona tuvo un papel clave, como funcionario público, pero en las que además tendrá un beneficio personal de montos incalculables.
Gracias a un dictamen su- yo el consorcio Tapé Porá, en el que su padre es accionista, obtuvo que el Congreso le ampliara por 30 años su contrato de explotación de un tramo de la Ruta 7 a cambio de la duplicación. El procedimiento pasó por alto la ley de APP, ley de concesiones o cualquier otro régimen que garantizara la competencia.
Como si eso fuera poco, en solo tres días, la Adminis- tración Nacional de Nave- gación y Puertos (ANNP) recibió, estudió y adjudicó la entrega del Puerto de Concepción a una empresa en la que también tiene participación el padre del ministro, que tiene el mismo nombre. Se trata de la empresa CIE, que asociada con Imperial compraron Baden SA, a la que cedieron el puerto por 20 años, bajo otra figura polémica: “alianza operacional estratégica”. Este puerto iba a ser sumamente beneficiado con la entrada de los bitrenes brasileños, establecida también por resolución del ministro.