El fracaso en combate al EPP desprestigia a FF.AA.
Las Fuerzas Armadas paraguayas llegaron al nivel más bajo de popularidad desde la caída de la dictadura en 1989 hasta hoy, por su infructuosa intervención en el combate al grupo violento del norte de la Región Oriental que comete extorsión, uso ilegal de armas de guerra, chantaje, secuestro y asesinatos en contra de personas y poblaciones indefensas.
De hecho, el prestigio de las Fuerzas Armadas quedó muy deteriorado por haber sostenido la dictadura de Alfredo Stroessner y gobiernos anteriores que se caracterizaron igualmente por una constante transgresión legal y constitucional. Durante el stronismo en particular, las FF.AA. constituyeron uno de los pilares de la dictadura (tríada de poder: gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado).
Stroessner dio a los militares privilegio y protagonismo por encima del poder civil, prácticamente inexistente en aquella época. Varios generales en actividad eran ministros del Poder Ejecutivo y miembros de la junta de gobierno del Partido Colorado, además de poder realizar negocios y participar en la corrupción e impunidad.
También hacían campañas electorales con pañuelo rojo al cuello y afiliaciones políticas en el bolsillo mientras que los de menor rango hacían fortuna a través del contrabando y otros delitos menores, tal como lo hacen actualmente miembros de la Policía Nacional mediante coimas, chantajes y servicios de custodia y venta de garantías.
Perdieron poder
Con la caída de la dictadura, las Fuerzas Armadas quedaron descolocadas en el nuevo escenario. El único actor que demostró talento para tratar de revivir el histórico rol que venían cumpliendo fue el general Lino Oviedo, quien lo único que logró con ello fue retrasar el proceso de institucionalización democrática de la milicia con su doble papel de general y político prepotente.
Alentados por el éxito de un golpe de estado impulsado por un militar (Andrés Rodríguez) y el impulso autoritario pero carismático de Lino Oviedo, los militares salieron varias veces de sus cuarteles para avasallar el territorio civil, pero en la mayoría de los casos fue para cumplir un rol policial, incluida la represión social.
Sin embargo, nunca durante la transición los militares tuvieron una misión tan relevante como la de ahora: combatir a una organización armada que opera en la clandestinidad controlando dos departamentos del norte mediante la violencia, el crimen y todo tipo de ilegalidades que la policía y la justicia no pueden evitar.
En la fórmula de “Fuerza de Tarea Conjunta” encontrada para enfrentar al EPP y que compromete tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los que pierden prestigio son los militares, ya que los otros lo perdieron totalmente a estas alturas. En los policías ya nadie confía y a la Senad la gente le tiene miedo.
En los militares existe aún cierta confianza, por el nostálgico recuerdo del heroísmo y por haber demostrado comparativamente mayor respeto al proceso de reforma institucional, además de no mezclarse totalmente con la delincuencia. Luego de reconocer el fracaso para terminar con este flagelo, de probar con el recurso del Estado de Sitio, el gobierno de Horacio Cartes optó finalmente por una ley que otorga poderes excepcionales al presidente, que es al mismo tiempo comandante en jefe de las FF.AA., y una fuerza de tarea integrada juntamente con la Policía, la Senad y las FF.AA., pero con el mando a cargo de esta última.