No más de veinte “soldados”

Aunque el EPP se declara un “ejército popular y revolucionario de los pobres, para defenderse de los atropellos y asesinatos, cometidos por los matones de ganaderos, sojeros y las fuerzas represivas del Estado”, el testimonio de los secuestrados liberados reconoce no más de 20 “soldados” aunque bien armados y entrenados que no ocupan sino alrededor de 300 kilómetros de territorio de Concepción y San Pedro, los propios militares ya comienzan a preguntarse ¿cuándo van a terminar con esta misión? ya que muchos de ellos consideran que exterminarlos es absolutamente factible con las facultades y los recursos con que cuentan.

Tanto en el sector de la milicia como en la población civil se tiene la percepción de que los 17 años transcurridos desde el primer secuestro en 2001 (María Edith Bordón de Debernardi) son suficientes para que cualquier fuerza pública termine el procedimiento con resultado favorable, teniendo en cuenta que anteriormente el grupo venía operando desde el año 1992 en el plano político y cinco años después se estrenó con el frustrado asalto a un banco en Choré, lo que ya constituyó un acto de delincuencia pero con objetivo político.

Los estudiosos del tema se preguntan si esta prolongada intervención militar y policial sin resultado es un alargue deliberado por razones de sobrevivencia o una nueva modalidad militar para seguir siendo parte privilegiada del poder real (como lo fue en el stronismo) en el nuevo escenario del régimen político actual.

Manteniendo su presencia en la zona norte del país los militares además de ser parte privilegiada del poder se aseguran también mensualmente una importante cantidad de dinero como parte de los recursos operativos.

De acuerdo con informes que fueron remitidos al Congreso por el Ministerio de Hacienda desde 2013 hasta el año pasado, el grupo operativo recibió más de 137.000 millones de guaraníes.

Para el presente año, el Congreso aprobó para dicha fuerza 14 millones de dólares de presupuesto.