Fiscalía confirma que no se le dio aviso en caso armas
La Fiscalía intervino ayer la oficina de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en el aeropuerto “Silvio Pettirossi” de Luque, en reacción al tráfico internacional de fusiles de guerra detectado el viernes último pero que los funcionarios intentaron ocultar. La empresa que introdujo de manera ilegal las armas desde Estados Unidos pertenece a un hijo del ministro de Deportes, Víctor Pecci. Hoy podrían darse algunas imputaciones.
El procedimiento de constitución fue encabezado por la fiscala de Luque, Mirtha Ortiz, por expresa instrucción de su jefe, el fiscal adjunto del departamento Central, Patricio Gaona, según confirmó a ABC Color la funcionaria del Ministerio Público.
La comitiva fue recibida por el jefe de turno de la oficina de la Dinac en el aeropuerto, Feliciano Chávez, quien según la fiscala Ortiz no supo explicar por qué no dieron aviso a la Policía ni al Ministerio Público sobre el hallazgo de los dos fusiles de guerra estadounidenses, calibre 5.56, que fueron detectados con un escáner al ser revisada una encomienda sospechosa gestionada por la empresa de courier Frontliner.
Las armas estaban desarmadas, para que fuera más fácil que burlaran los controles.
La firma que introdujo de manera ilegal los fusiles pertenece a Giuliano Manuel Pecci Folgar, hijo del ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Víctor Manuel Pecci.
“Lo que llama la atención, aparte de ese procedimiento irregular (de introducción de armas), es la omisión de los funcionarios estatales”, manifestó la fiscala Mirtha Ortiz.
También confirmó que ni la Dirección de Material Bélico (Dimabel) comunicó al Ministerio Público sobre la incautación de las armas de guerra.
Esta unidad militar fue la única en ser convocada por la Dinac para el procedimiento, ya que ni los policías asignados al resguardo del aeropuerto estaban enterados del hallazgo. Aparentemente, el jefe del departamento de Cargas Aéreas, Justo Ramón Servín Sandoval, fue el que dio la orden de esconder el caso de la Policía y la Fiscalía.
Sandoval responde directamente al titular de la Dinac, Luis Aguirre, pero es leal al destituido senador colorado Óscar González Daher.
Sobre este punto la fiscala Mirtha Ortiz indicó que toda persona tiene la obligación de comunicar un hecho pu- nible, más aún si se trata de un caso tan complejo como este, que sería un tráfico internacional de armas.
Imputaciones
Básicamente, la única colaboración que recibió la fiscala de parte de los funcionarios de la Dinac fue la lista de todo el personal que estaba de turno en el momento del hallazgo de las armas.
Con estos elementos, la conducta de los funcionarios de la Dinac, de la Dimabel o de los dueños de la empresa Frontliner podría motivar la apertura de un proceso y, por ende, imputaciones. De momento, se manejan cuatro figuras penales aplicables, que serían la frustración a la persecución penal, la omisión de dar aviso de un hecho punible, la reducción (porque las armas no tienen número de serie) y la infracción a la ley de armas.