“Mutilar” ley de declaración jurada es causal de juicio político, sostienen
Para la abogada Kattya González, la “mutilación” de la ley de la declaración jurada de bienes, que pretenden realizar los ministros de Corte, es causal de juicio político y constituye, además, el delito de prevaricato.
La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Kattya González, declaró que la “mutilación” de la Ley 5033, que obliga a la declaración jurada de bienes y rentas a los funcionarios públicos, y sobre la cual los ministros de Corte, como medida cautelar, obtuvieron la inaplicabilidad de 12 de sus 25 artículos, por medio de una acción de inconstitucionalidad, constituye a su criterio causal de enjuiciamiento político.
Además, indicó la abogada que la acción planteada y la concesión de la medida cautelar por parte de la Sala Constitucional al declarar inaplicable el Art. 2° de la Ley 5033, que es una transcripción del Art. 104 de la Constitución Nacional, se incurre en el delito de prevaricato. Los ministros de la Corte, con el ataque jurídico a la Ley 5033 para evitar proporcionar información de la declaración jurada de bienes y rentas a la Contraloría, hacen un ataque directo a los preceptos constitucionales, base de la República, al pretender blindarse para no dar información sobre el patrimonio que poseen los funcionarios judiciales.
La acción de inconstitucionalidad que planteó la Corte es una medida que solo busca proteger una supuesta situación irregular en que pudiera estar involucrado algún ministro, para que no sean auditados por la Contraloría y, de esta manera, evitar que salgan a la luz pública hechos de corrupción. Solo buscan su beneficio particular, indicó.
Kattya también cuestionó que, ante la “metida de pata” de la Corte al declarar inconstitucional el artículo 2° de la Ley 5033, en una medida “trasnochada” y con una celeridad que no figura en la norma procesal, a través de una aclaratoria “corrigieron” el error, pero que aun así, los ministros de la Corte, magistrados y funcionarios judiciales siguen blindados de la Contraloría al estar exentos de declarar sus bienes.