Le están tocando la oreja a la ciudadanía.

Al rechazar la impugnación de las candidaturas a senador de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, los magistrados María Dálida Leiva, Hermes Medina y José María Salinas, miembros de la Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital, cometieron el delito de prevaricato y agraviaron a la ciudadanía. Ignoraron lisa y llanamente el art. 189 de la Constitución, que establece: “los expresidentes de la República, electos democráticamente, SERÁN senadores vitalicios de la Nación...”. Se sometieron genuflexamente al poder político, exhibiendo una cobardía moral mayúscula, poniéndose al servicio de ambiciones ilegítimas. Ya no se le debe estar tocando permanentemente la oreja al pueblo. Todo indica que nuestra sociedad civil ya no está dispuesta a seguir tolerando mansamente el descarado e impune atropello a las leyes. Las autoridades, los políticos y los jueces corruptos están exacerbando progresivamente el “cansancio de los buenos”, que puede explotar de manera impredecible. Si ocurrieran nuevos incidentes graves como los acontecidos en marzo y abril del año pasado, los principales responsables serán Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y los tres magistrados prevaricadores mencionados que allanan el camino a sus insanas ambiciones, haciendo tabla rasa de la conciencia jurídica y moral de sus conciudadanos.

Al rechazar la impugnación de las candidaturas a senador de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, los magistrados María Dálida Leiva, Hermes Medina y José María Salinas, miembros de la Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital, cometieron el delito de prevaricato y agraviaron a la ciudadanía. Ignoraron lisa y llanamente el art. 189 de la Constitución, que dispone que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, SERÁN senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”. Se sometieron genuflexamente al poder político, exhibiendo una cobardía moral mayúscula, poniéndose al servicio de ambiciones ilegítimas.

Los mencionados magistrados, renunciando a su independencia, sentenciaron contra la letra y el espíritu de la Ley Suprema para dar el gusto a dos prepotentes, como si se debieran a ellos y no a un pueblo interesado en el imperio del Derecho. Cohonestaron un atropello manifiesto mediante el sofisma de que “los impugnados reúnen todos los requisitos legales para ser candidatos a senador de la Nación al no hallarse comprendidos dentro de las disposiciones legales de conformidad al art. 120 de la Constitución Nacional que establece: ‘los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley’, en concordancia con el art. 246 del Código Electoral”. Aquí se alude a que los expresidentes de la República no están incluidos en los arts. 197 y 198 de la Carta Magna, que establecen quiénes no pueden postularse como senador o diputado. Para decirlo una vez más, era innecesario que ellos fueran expresamente inhabilitados, ya que el art. 189 ordena que sean senadores vitalicios, si se han dado las dos condiciones mencionadas en la misma norma. En el aberrante fallo se lee que “cuando la Ley es clara y precisa no necesita interpretaciones de acuerdo a la hermenéutica jurídica, limitándose al art. 137 de la Constitución y al Principio de Congruencia” (sic).

En cuanto al “principio de congruencia”, parece que a los sumisos magistrados les resulta coherente que, según el art. 198 de la Constitución, un ministro del Poder Ejecutivo deba renunciar al cargo por lo menos noventa días antes de las elecciones en las que será candidato a senador, pero no así el Presidente de la República, que podrá continuar tranquilamente en el Palacio de López hasta el 22 de abril y más allá, dado que sobre él no pesa la inhabilidad relativa que afecta a su subordinado. Esta es la absurda lógica jurídica a la que conduce renunciar no solo a una interpretación literal del enunciado “SERÁN senadores vitalicios”, sino también a una sistemática de la Carta Magna.

En realidad, no vale la pena extenderse en disquisiciones de este tipo en una cuestión que sirve más que nada para evidenciar, una vez más, el ignominioso sometimiento de la magistratura a los perversos designios de los políticos que mandan. A los prevaricadores les tiene sin cuidado lo que dispongan las normativas vigentes cuando ellas se oponen a las irrefrenables ambiciones de los mandamases inescrupulosos. Al fin y al cabo, se sienten obligados a ser complacientes con quienes, aunque carecían de méritos y aptitudes para hacer cumplir la ley, los instalaron en el Poder Judicial. Les importa un bledo lo que el pueblo tiene derecho a esperar de ellos, en la suposición de que no podrá privarles del cargo que deshonran. Suponen que la gente seguirá aceptando en silencio sus fechorías, sin tener en cuenta los cambios que se han venido produciendo desde 1989, en lo que a la conciencia ciudadana respecta. La resistencia opuesta por la sociedad civil a la pretensión de violar la Constitución para dar paso a la reelección presidencial es un signo elocuente de que ya no se debe seguir poniendo a prueba la paciencia de la gente. Ya no se le debe estar tocando permanentemente la oreja al pueblo. Todo indica que nuestra sociedad decente ya no está dispuesta a seguir tolerando mansamente el descarado e impune atropello a las leyes. Las autoridades, los políticos y los jueces corruptos están exacerbando progresivamente el “cansancio de los buenos”, que puede explotar de manera impredecible.

Continuar pisoteando abiertamente la Constitución para que unos políticos ávidos de poder se salgan con la suya solo puede generar aquella “crispación” mentada por el propio presidente Cartes tras haber promovido la insensata enmienda constitucional, frustrada porque la ciudadanía salió a las calles para oponerse a la infamia. Este nuevo intento de avasallar la legalidad volverá a encontrar la repulsa de quienes están dispuestos a defender la Constitución contra los que creen que solo se trata de un pedazo de papel que se puede pisotear como trapo de piso.

Si ocurrieran nuevos incidentes graves como los acontecidos en marzo y abril del año pasado –la quema del Congreso y el asesinato de un joven militante liberal a manos de la Policía–, los principales responsables serán Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos y los tres magistrados prevaricadores –María Dálida Leiva, Hermes Medina y José María Salinas– que allanan el camino a sus insanas ambiciones, haciendo tabla rasa de la conciencia jurídica y moral de sus conciudadanos. Si no ponen un final a sus canallescas pretensiones, los paraguayos y las paraguayas patriotas y decentes estarán de nuevo en las calles para expresar su más enérgica repulsa a los violadores de la Constitución.