EDITORIAL

Los incalculables perjuicios del metrobús. El pasado 14 de marzo, el MOPC firmó el contrato con el consorcio de empresas integrado por la paraguaya DC Ingeniería S.A. y la uruguaya Stiler S.A. para la construcción de 5 km de tramo céntrico del metrobús, por un monto de US$ 24,5 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. Se extenderá desde la plazoleta del puerto hasta su conexión con la avenida Eusebio Ayala. Requerido sobre el catastro de inmuebles que serán afectados así como las compensaciones económicas que comerciantes y residentes particulares han de reclamar, uno de los responsables del proyecto respondió que no se contemplan expropiaciones en ese tramo. La conclusión obvia a que se llega es que, al igual que los tramos 2 y 3 del corredor central de 11,4 km de extensión, adjudicado a la empresa portuguesa Mota Engil, la construcción de este tramo ha sido adjudicada irregularmente, con base en un mero anteproyecto de ingeniería, sin precisión técnica de diseño, ni riguroso cómputo métrico de las cantidades de ítems que componen el paquete integral de la obra. Mucho menos se previeron las inevitables afectaciones de inmuebles de los frentistas que con seguridad serán necesarias. Es grande pues la alarma de los ciudadanos de Asunción que se verán privados de vitales espacios públicos.

El miércoles 14 del corriente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el contrato con el consorcio de empresas integrado por la paraguaya DC Ingeniería S.A. y la uruguaya Stiler S.A. para la construcción de 5 km del tramo céntrico del metrobús, por un monto de US$ 24,5 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. Se extenderá desde la plazoleta del puerto de la capital hasta su conexión con la avenida Eusebio Ayala, pasando por las calles César D. Pefaur, General Díaz, Don Bosco, Hernandarias, Eduardo Víctor Haedo, Luis Alberto de Herrera y Silvio Pettirossi, hasta la intersección de esta última con la calle General Aquino. La información fue dada a conocer en una conferencia de prensa con la presencia del titular de la cartera de Estado, Ramón Jiménez Gaona, quien expresó que, en este tramo, “quedan pocas alternativas y nos va a obligar en algunos casos a cerrar los tramos completamente, pero nos proponemos completar estos tramos lo más rápido posible antes de seguir avanzando y generando trastornos a la ciudadanía”. El ministro señaló también que los trabajos se iniciarán dentro de 90 días, tras el finiquito del proyecto de ingeniería pertinente en el lapso estimado y que los mismos se harán sin solución de continuidad durante las 24 horas del día. Por su parte, el gerente del proyecto de Reconversión Urbana, ingeniero Guillermo Alcaraz, precisó que las calles por donde correrá el tramo céntrico del metrobús serán vías privativas del mismo; vale decir, no estará permitida la circulación de otros tipos de vehículos a lo largo de las mismas. “Tendrá dos carriles para el metrobús, en aquella parte donde está la estación central vamos a tener un solo acceso para los frentistas, no estará habilitado para vehículos públicos, sino que habrá tipo una ‘U’ para el acceso de los frentistas a fin de que lleven sus mercaderías y que se dé el normal flujo de actividades comerciales”, dijo. Requerido acerca del catastro de los inmuebles de los frentistas que serán afectados por las obras a lo largo del trayecto, así como las compensaciones económicas que comerciantes y residentes particulares, sin duda, reclamarán judicialmente, el ingeniero Alcaraz respondió: “El proceso constructivo y el diseño que hicimos en principio, el cual está a disposición de la empresa para que realice el diseño final, no implican expropiaciones en ese tramo”. Más allá de las generalidades atinentes a la obra en cuestión, señaladas tanto por el ministro Jiménez Gaona como por el ingeniero Alcaraz, la conclusión obvia a que se llega es que, al igual que los tramos 2 y 3 del corredor central de 11,4 kilómetros de extensión, adjudicado a la empresa portuguesa Mota Engil, la construcción de este tramo céntrico ha sido adjudicada irregularmente por un monto de casi 25 millones de dólares con base en un mero anteproyecto de ingeniería, sin precisión técnica de diseño, ni riguroso cómputo métrico de las cantidades de ítems que componen el paquete integral de obra. Mucho menos se previeron las inevitables afectaciones de inmuebles de los frentistas que con seguridad serán necesarias –más que las registradas a lo largo de la Ruta II y la avenida Eusebio Ayala, que son de doble vía, con paseo central de por medio–, teniendo en cuenta que, en algunos tramos, las calles céntricas a ser intervenidas tienen apenas 13 metros de ancho de muralla a muralla de las viviendas. Por repetitiva, esta irregular adjudicación y firma de contratos para la construcción del metrobús, con base en anteproyectos de dudosa prolijidad técnica y de estimación de costo, aumenta la desconfianza sobre la honestidad y transparencia con que están llevando a cabo este proyecto, tanto el MOPC como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la directa responsabilidad del ministro Ramón Jiménez Gaona y del representante residente del banco en nuestro país, el señor Eduardo Almeida, de menguada fama de gestión, a estar por el escándalo internacional que suscitó su poco transparente administración en Haití, en la década de 2010. Esta sospecha pública de que el proyecto metrobús fue arteramente diseñado por sus propulsores nacionales y funcionarios corruptos del BID para estafar al Estado paraguayo, tiene su primer sustento en el llamativo hecho de que el crédito para su financiamiento fue concedido para ser administrado según la normativa del banco, que no fija tope a los sobrecostos, y no bajo la pertinente legislación paraguaya que sí limita tal monto a un máximo de 20 por ciento sobre el costo contractual original. Esa desconfianza pública original subió de punto con el inopinado sobrecosto reconocido recientemente por el MOPC a la contratista Mota Engil –con aval del BID– de US$ 19 millones, alegando obras adicionales supuestamente no previstas en el desprolijo anteproyecto contractual de referencia. Como cortina de humo para disimular este sobrecosto y calmar el descontento de los frentistas, el BID dispuso un simulacro de intervención de su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) para indagar las irregularidades denunciadas por los frentistas de Fernando de la Mora afectados por las obras a cargo de Mota Engil. Todo lo que hicieron los auditores del banco fue pedir una prórroga del plazo que tenían para cumplir su cometido, sin resultado hasta la fecha. Es grande, pues, la alarma de los ciudadanos y las ciudadanas de Asunción que se verán privados de vitales espacios públicos de circulación vehicular, como lo son las calles y avenidas a ser intervenidas por el metrobús, y en particular la de los miles de frentistas del tramo céntrico del mismo, que se verán directamente afectados por las obras a iniciarse sin conocerse previamente los resarcimientos que se pagarán por los perjuicios que sufrirán los vecinos . Es probable, entonces, que llegado el momento reaccionen con más determinación y energía que sus pares, los “piquetes de resistencia” de Fernando de la Mora, lo que provocará retrasos e ingentes sobrecostos en la obra, que bien podría ser parte de la estrategia de los promotores ocultos de este engendro porque, con las normas del BID, el metrobús podría llegar a costar cerca de mil millones de dólares. Las actuales autoridades, por supuesto, no están preocupadas en absoluto, pues les dejarán el negociado a las nuevas que asumirán en agosto próximo. Por eso, los ciudadanos y las ciudadanas no deben olvidar sus nombres para, en su momento, denunciar las consecuencias de sus irresponsabilidades ante la Justicia, para que reciban el castigo que les corresponda.