Frentistas exigen a Ferreiro respuestas sobre metrobús
Ciudadanos afectados por las obras del metrobús se manifestaron ayer frente al domicilio del intendente Mario Ferreiro para exigir respuestas sobre el proyecto y el “grado de implicancia” que tiene la Municipalidad capitalina.
Comerciantes de Fernando de la Mora, San Lorenzo, del microcentro de Asunción y del Mercado 4 que estarán afectados por las obras del metrobús, quienes se unieron en la lucha a los demás ciudadanos que buscan respuestas, se reunieron en la tarde de ayer frente a la vivienda del intendente de Asunción Mario Ferreiro y pidieron hablar con él. Se presentó ante ellos el jefe de gabinete de la Municipalidad, Marcos Cáceres, alegando que el intendente estaba de viaje.
Cáceres se limitó a escuchar los reclamos de los frentistas y ante la falta de respuestas, los ánimos subieron de todo por parte de los reclamantes, quienes dijeron estar cansados de que nadie se haga responsable de la situación.
Luego de más de media hora de pedidos sin respuestas, se programó una reunión para hoy en la Municipalidad, en donde los frentistas serán recibidos por el “equipo técnico del metrobús” de la Municipalidad. Ante esto los peticionantes se mostraron sorprendidos, ya que expresaron que no tenían conocimiento de la existencia de ese grupo de trabajo porque hasta el momento no se acercaron a ellos.
Consultado acerca de la autorización que la Municipalidad dio al MOPC para que el proyecto se ejecute, Cáceres respondió: “Existe un convenio firmado con anterioridad. El MOPC es el encargado de ejecutar el proyecto, la Municipalidad lo que hace es ver los caminos alternativos y el cronograma de actividades”.
Ante la insistencia de nuestro diario acerca de cómo la Municipalidad está manejando el plan de obra, Cáceres respondió simplemente: “Como un transporte interurbano, como la Línea 27 que tiene un itinerario”.
Sobre eso, los frentistas dijeron que esto responde a que no se tuvo en cuenta el grado de afectación del proyecto en la ciudad, de los edificios, las viviendas, etc.
Por su parte, el comerciante Édgar Gill refirió que esperan que la Municipalidad le ponga un “alto” al MOPC y que “Mario Ferreiro tiene que defendernos como papá guasu que es de nuestra ciudad”. En la reunión de hoy “espero que ese equipo técnico entienda el problema. No creo que tengamos una respuesta favorable todavía, pero al menos que abran los ojos. Sabemos que el intendente firmó el proyecto del metrobús, pero acá hay mucha gente afectada”, indicó Gill.
Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es mencionado en una denuncia presentada ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Fiscalía. Ayer, el abogado Hugo Waldino Lovera solicitó al Ministerio Público la investigación de la presunta malversación de más de US$ 5 millones entre los años 2014 y 2018, que se habría dado en el estamento denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), durante la administración actual de Justo Pastor Cárdenas.
De acuerdo con los datos, el SIRT es una suerte de censo agrícola que en una primera etapa debía relevar datos de 993 lotes fiscales. Eso incluía la situación de los ocupantes, si estos poseen título de propiedad o solo certificado de adjudicación, si el inmueble no está en posesión, etc.
Sin embargo, la denuncia indica que apenas se relevaron datos de 222 lotes, lo que significa que ni siquiera se cumplió la tercera parte de la meta. Pero los millones de dólares recibidos por el Indert para financiar el SIRT sí se utilizaron aparentemente en su totalidad.
De ahí que uno de los pedidos del denunciante es que el Ministerio Público requiera al Indert y a los responsables del SIRT, cuyo asesor es Hugo Jiménez Recalde, el detalle de los montos recibidos cada año y la ejecución correspondiente.
Otro punto que se observa en el escrito presentado a la Fiscalía es que la existencia del SIRT se superpone con la naturaleza del Indert, pues entre las funciones del ente está, de hecho, la regularización de la tenencia de tierras. Para ello cuenta con oficinas regionales en todo el país, pero aún así, en la gestión de Cárdenas se prefirió llevar adelante el censo agrícola independiente, con contratados externos y, por supuesto, recibiendo millones de dólares adicionales. Finalmente, Lovera pide la intervención de la Procuraduría ante un posible daño al patrimonio del Estado.