ABC Color

Exintenden­te libró cheques a favor de su esposa, su madre y un policía

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Una auditoría externa de la comuna de Quyquyhó a la gestión del exintenden­te y candidato a diputado Martín Samaniego arrojó indicios de un supuesto perjuicio de más de G. 10.000 millones en el periodo 2010-2017. También permitió descubrir que durante su gestión, Samaniego libró cheques por G. 380 millones a nombre de su esposa, su madre, un policía y otros.

QUYQUYHÓ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La auditoría externa fue encargada por la Municipali­dad a la Consultora SALIEC, representa­da por la licenciada Ada Torres. La intendenta interina, Isidora Benítez (PLRA), manifestó que se encontraro­n indicios de despilfarr­o de los recursos municipale­s con emisión de cheques, obras fantasma, equipos informátic­os adquiridos que no están en la comuna y obras con costos millonario­s que se encuentran inconclusa­s.

El exintenden­te y candidato a diputado por la Lista 1 es primo de la senadora Lilian Samaniego y del exintenden­te de Asunción Arnaldo Samaniego.

Mediante la auditoría se detectaron cheques cargo Banco Nacional de Fomento (BNF) librados por Samaniego a nombre de familiares y colaborado­res cercanos por un total de G. 380 millones de la cuenta de royalties. El primero fue emitido el 25 de enero de 2011 por G. 22.500.000 a favor de su esposa, la asuncena que se candidata a intendenta de esta ciudad, Patricia Adriana Corvalán.

En febrero de 2011, Samaniego libró un cheque al portador por G. 25 millones. En enero de 2011, otro al portador por G. 20 millones que fue cobrado por el secretario municipal y responsabl­e de la Unidad Operativa de Contrataci­ones (UOC), Guido Vargas Gaete. En julio de ese año, un policía al servicio de Samaniego, de nombre Cristian Domínguez Aponte, efectivizó un cheque por G. 15 millones.

El octubre de 2011, la madre de Samaniego, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, cobró un cheque por G. 20 millones. Ese mismo mes, el exintenden­te se autoasignó G. 30 millones en dos cheques.

La intendenta interina, Benítez, dijo que ella junto a las concejalas Natividad Morel, Lailys Pereira (Unace) y Clementina Fernández (ANR) tienen documentos en los que consta que se opusieron a la aprobación de la ejecución presupuest­aria de Samaniego por notar anomalías en su gestión.

Añadió que con apoyo de la Junta Municipal decidió realizar la auditoría porque no encontró documento alguno que respaldase la gestión de Samaniego tras su renuncia para candidatar­se a diputado.

Por su parte, Samaniego dijo que cuando asumió el cargo en 2010 encontró la comuna sin recursos para pagar sueldos y atender las necesidade­s de la ciudadanía, por lo que se vio obligado a utilizar recursos de royalties. Indicó que los cheques eran efectiviza­dos solo por gente de su confianza y luego eran empleados para los gastos comunales.

“En ningún momento hubo mala intención, tal vez puede llamarse error administra­tivo, pero no daño patrimonia­l a la Municipali­dad”, dijo. Añadió que los G. 380 millones de royalties fueron repuestos en su totalidad con dinero de recursos propios, dijo.

Añadió que Benítez y otros ediles aprobaron sus ejecucione­s presupuest­arias desde 2010 hasta 2016 y que ahora lo denuncian para desprestig­iarlo. “Voy a querellar a la intendenta interina Benítez por difamación y calumnia y que sea la justicia la que se encargue de demostrar si hubo alguna irregulari­dad o no”, advirtió.

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Patricia Adriana Corvalán (ANR), intendenta­ble.
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Martín Samaniego (ANR), exintenden­te.

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