Las juezas de OGD tienen amparo de la Corte y del Jurado
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Cristian Kriskovich, mantiene un esquema de impunidad sobre juezas que cuentan con protección de Óscar González Daher. Inversionistas y productores son víctimas de extorsiones judiciales.
La salida de Óscar González Daher del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sirvió de poco al país: el esquema de protección a magistrados que responden a sus designios sigue igual.
Cristian Kriskovich, actual presidente del Jurado de Magistrados, poco o nada realiza para impulsar la investigación en torno a juezas denunciadas por graves actos de corrupción en casos judiciales en que González Daher estaba involucrado.
Se supone que la salida de González Daher debió permitir mayor libertad de acción para combatir la impunidad que reinaba en el Jurado de Magistrados.
Las denuncias que afectan a las juezas Julia Alonso, del juzgado en lo civil y comercial del 5º turno de Asunción, y Victoriana Cáceres, del juzgado civil y comercial del 3er. turno de Ciudad del Este, siguen guardadas bajo llaves.
Tanto Julia Alonso como Victoriana Cáceres estuvieron involucradas en acciones judiciales en que González Daher tuvo una participación directa. Ambas manejaron el expediente que envolvía al productor Marino Raiter, a quien se demandó por 23 millones de dólares sobre la base de pagarés falsificados.
Parte de los documentos montados con firmas falsas fueron elaborados por la escribana Nélida Chávez, esposa del exsenador.
Extorsión con pagarés falsos
La firma Agro Silo Santa Catalina SA, del Grupo Favero, utilizó los pagarés falsos para presentar acciones judiciales para forzar un pago ilegal e ilegítimo.
El entonces secretario del Jurado de Magistrados, Rodrigo Estigarribia Amidey, viajó a Ciudad del Este para forzar cambios en el expediente manejado por la jueza Victoriana Cáceres en favor del Grupo Favero.
Rodrigo Estigarribia Amidey fue apartado de su cargo al salir González Daher, pero este funcionario de tercer rango no era quien firmaba órdenes ni sentencias judiciales. Las verdaderas responsables de los desmanes jurídicos son las juezas Julia Alonso y Victoriana Cáceres, quienes hasta hoy día disfrutan de impunidad.
Ambas permitieron que documentos falsos fueran utilizados para extorsionar en beneficio del Grupo Favero bajo el amparo de Óscar González Daher.
Empresa holandesa, también condenada
La jueza Julia Alonso, segura de contar con protección, es responsable de condenar a la empresa holandesa Los Molinos SA a pagar ocho millones de dólares en concepto de regulación de honorarios profesionales por una mensura judicial realizada en el año 2008.
Los Molinos SA pagaron ocho millones de dólares por la compra de 60.000 hectáreas en el Alto Paraguay, y ahora se pretende obligarla a pagar otros ocho millones de dólares por una mensura, sin contar que rige un embargo sobre sus bienes por también ocho millones de dólares.
El absurdo absoluto de pagar por una mensura judicial el mismo monto que el inmueble es responsabilidad de la magistrada Julia Alonso, según su sentencia firmada el 18 de mayo de 2015.
¿Y la Corte?
La Corte Suprema de Justicia se limita a observar desde arriba; la única preocupación de sus integrantes es presumir honestidad.
Se parecen a pescadores que desde lo alto buscan la presa de mayor tamaño para intentar capturarla.
Tanto Julia Alonso como Victoriana Cáceres fueron objeto de investigación por la Superintendencia de la Corte, pero el resultado hasta hoy se encuentra oculto.
Siendo presidenta de la Corte, Alicia Pucheta de Correa ordenó en enero de 2017 una auditoría de gestión para ambas magistradas.
Según un comunicado de la oficina de prensa de la Corte, que acompaña nuestro artículo, la auditoría se suspendió cuando Pucheta de Correa dejó la titularidad de la Superintendencia.
¿Tuvo la ministra el resultado de la investigación y prefirió ocultarlo?
No solo los jueces son el problema; también los ministros de la Corte Suprema.