Corte está obligada a supervisar

La Constitución Nacional, en su artículo 259, dice claramente que uno de los deberes de la Corte es supervisar los institutos de detención y reclusión. Sin embargo, es evidente que el alto tribunal no cumple con su obligación constitucional, ya que de lo contrario no puede permitir que los reclusos (como los 800 “pasilleros” de Tacumbú) vivan en condiciones inhumanas.

Los ministros, especialmente los integrantes de la Sala Penal, suelen realizar visitas carcelarias, por las cuales incluso cobran viático cuando van al interior del país, para interiorizarse del proceso de los reclusos y las condiciones en que están privados de su libertad. Empero, al parecer los miembros de la Corte no se dan por enterado de la situación de los presos del Penal de Tacumbú.

En Asunción funcionan cuatro juzgados de Ejecución, cuyos responsables también deben conocer lo que pasa en la cárcel de mayores. Los jueces igualmente hacen visitas y los resultados de ellas deberían informar a la Corte Suprema, cuyos integrante tienen que exigir una explicación a las autoridades del Ministerio de Justicia, del cual dependen las penitenciarías de todo el país.

Cada año, el Poder Judicial envía miles de millones al Ministerio de Justicia, que es parte de lo recaudado en concepto de tasas judiciales. Esa plata debe ser destinada para la construcción de cárceles y el mejoramiento de las ya existentes. ¿En qué se usa ese dinero?

Según fuentes, el gran negociado se registra en la provisión de carne y víveres. Dicen que los proveedores, en complicidad con los funcionarios de Justicia, no proveen la cantidad pautada en la adjudicación. Pese a ello, los funcionarios a cambio de incentivo, firman que se entregó todo.