Embrollo judicial sobre liberación de Lula crea gran confusión en Brasil
El presidente del Tribunal Regional Federal debió intervenir en la batalla judicial entre dos jueces de dicha corte por la libertad del expresidente Lula da Silva, quien deberá seguir en prisión
RÍO DE JANEIRO (AFP). El juez de apelaciones brasileño en su turno de guardia había ordenado ayer la liberación del expresidente Lula da Silva, una medida que fue cancelada luego por un segundo magistrado, volvió a publicar un mandato para que el líder del PT salga de prisión inmediatamente.
El embrollo judicial –que en escasas horas ha hecho pensar que Lula estaría libre, que seguiría preso y luego liberado de nuevo– creó una gran confusión en Brasil.
El exgobernante cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero desde el pasado abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba.
En la causa, el juez Sergio Moro y un tribunal de apelación superior dieron por comprobado que el máximo líder del PT recibió en concepto de soborno un apartamento de tres plantas de parte de OAS, implicada en los desvíos en Petrobras.
Esta disputa entre los jueces revela las divergencias en el poder judicial en torno a la causa Lava Jato, la investigación judicial que destapó el megafraude en la estatal petrolera Petrobras.
El gobernante de izquierda soporta unos seis procesos penales, la mayoría por sospechas de corrupción.
Cuatro de ellos en los que Lula igualmente fue imputado están en las manos del juzgado Federal de Brasilia.
En uno fue acusado de intentar comprar el silencio de un ex alto funcionario de Petrobras, ahora preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas.
En otro fue imputado por presuntamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
En el tercero se le acusó de recibir sobornos, mediante un supuesto contrato por unos US$ 757.000) que benefició a la empresa de unos de sus hijos . Y en el último fue imputado por haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.
En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la presunta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara como ministro de la Presidencia para obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.