Golpe de Estado de baja intensidad.
Los ciudadanos convencionales que redactaron la actual Constitución, en vista de los horrores sufridos durante la tiranía de Stroessner, centraron su celo en el establecimiento de instituciones y principios democráticos que, al tiempo de garantizar el Estado de derecho y las libertades ciudadanas, impidieran la regresión autoritaria y la violencia política. Con tal finalidad, prohibieron la reelección y, como reaseguro, dispusieron que los presidentes, al término de sus mandatos, serán senadores vitalicios. Lamentablemente, ha sido una gran ironía que esta disposición constitucional clave fuera la primera intentada echar en gorra por los presidentes de la era democrática, como el ambicioso Horacio Cartes y su antecesor Nicanor Duarte Frutos. Estos dos, más que los demás, atropellando abiertamente la prohibición constitucional por partida doble. Primero, buscando destrabar el cerrojo de la veda a la reelección por el atajo de la enmienda inconstitucional, y tras fracasar ambos con su primer intento golpista, pretenden ahora jurar como senadores electos, en vez de hacerlo como vitalicios. A tal efecto, ambos se han unido en una vasta conspiración política contra el orden constitucional, a fin de que una mayoría coyuntural de senadores motivados por la piñata que a tal efecto estará colgada del techo del recinto parlamentario les allane el camino hacia su propósito.
El Paraguay tiene una larga historia de dictadura y violencia política, que comenzó tras el fin de la Guerra contra la Triple Alianza y terminó con la defenestración de la más larga de ellas: la de Alfredo Stroessner, que duró
casi 35 años. De eso hace una generación, y desde entonces el pueblo paraguayo ha estado viviendo en libertad al amparo de una Constitución democrática, promulgada por una Convención Nacional Constituyente altamente representativa de la sociedad civil paraguaya, tanto en lo político como en lo social. Con el telón de fondo de ese largo historial de infortunio cívico y la memoria colectiva de los horrores de la tiranía recientemente derrocada, los ciudadanos convencionales que la redactaron centraron su celo en el establecimiento de instituciones y principios democráticos que, al tiempo de garantizar el Estado de derecho y las libertades ciudadanas, impidieran el retorno al autoritarismo y la violencia política que enmarcaron las desventuras del Paraguay durante casi dos siglos de vida independiente.
Con tal finalidad, los ciudadanos convencionales se cuidaron de redactar una Carta Magna que, aparte de establecer las instituciones democráticas básicas, los principios republicanos, las garantías y derechos ciudadanos, tuviera también cláusulas de salvaguarda contra intenciones de regresión autoritaria por parte de presidentes de la República democráticamente electos, pero que en algún momento tuvieran la tentación de permanecer en el poder más allá del tiempo permitido por la Constitución. Con el siniestro telón de fondo de la dictadura recientemente derrocada, consideraron conveniente insertar una cláusula constitucional prohibiendo absolutamente la reelección presidencial (artículo 229), y como reaseguro de esta disposición adicionaron la que establece que los presidentes de la República, democráticamente electos, al
término de sus mandatos serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto (artículo 189).
Lamentablemente, ha sido una gran ironía que esta disposición constitucional clave fuera la primera intentada echar en gorra por los presidentes de la era democrática, con alguna excepción, hasta nuestros días con el ambicioso Horacio Cartes, acompañado por su antecesor Nicanor Duarte Frutos. Estos dos últimos –más que los demás–, atropellando abiertamente la prohibición constitucional por partida doble. Primero, buscando destrabar el cerrojo de la veda a la reelección por el atajo de la enmienda constitucional; Cartes, con más furia que Duarte Frutos ,a costa de violencia y sangre. Segundo, tras fracasar ambos en su primer intento golpista, pretenden ahora jurar como
senadores electos, en vez de hacerlo como vitalicios, como dispone la Constitución.
A tal efecto, ambos se han unido en una vasta
conspiración política contra el orden constitucional de la República a los efectos de que una mayoría coyuntural de senadores colorados –cartistas y abdistas– y liberales llanistas, a más de algunos tránsfugas de menguado caudal electoral, convenientemente motivados por la piñata que a tal efecto estará colgada del techo del recinto parlamentario, les allane el camino para que el pleno de la Cámara revoque la decisión de la anterior y los admita a jurar como senadores activos. Esta es una posibilidad real, ya que se ha reiniciado una serie de acciones judiciales, a sabiendas de que los integrantes de la judicatura están allí, dispuestos a satisfacer las ambiciones de los políticos que, en la práctica, actúan como sus verdaderos patrones. Los senadores que apoyen esta demencial pretensión serán tan golpistas como los dos dirigentes de esta conspiración
contra la institucionalidad de la República.
A los ciudadanos y ciudadanas les cuesta entender qué motivos tan poderosos tienen ambos para querer febrilmente fungir como senadores activos, en vez de hacerlo dignamente como vitalicios. Porque, si es por su desempeño al frente del Gobierno, ambos serán recordados entre los peores gobernantes que pasaron por el sillón de los López. Por eso, la mayoría de la gente no atina a ver la carambola a la que juegan ambos, sino pensar que pretenden seguir manejando los resortes del poder público para beneficiarse de los recursos del Estado y de los medios de producción de la economía del país.
Lo más lamentable es que esta conspiración política tiene la tácita aprobación del presidente electo, Mario Abdo Benítez, a quien –según todo indica– estos dos ambiciosos empedernidos van a tener como títere, con la espada de Damocles del juicio político pendiente sobre su cabeza por si el primer mandatario no sigue sus lineamientos.
Desde el momento en que los Poderes del Estado y las instituciones democráticas de la República han sido totalmente subvertidos por estos dos potenciales dictadores, sea mediante la colocación de leales al frente de los mismos, sea reclutando a los codiciosos empotrados en ellos mediante incentivos crematísticos, el orden constitucional de la República está quebrantado. Sobra, empero, un ancla de salvación de la cual tirar: la ciudadanía levantada de pie al amparo del artículo 138 de la Constitución, que le autoriza “a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance”. Y existen razones para creer que lo hará de nuevo en caso de que la entente golpista del Senado concrete el golpe de Estado de baja intensidad que tiene programado.
Es que en cualquier país –democrático o no– la ciudadanía es siempre la última posición de defensa de la libertad y contra el crimen y la corrupción, tal como ocurre actualmente en Nicaragua. Los paraguayos y paraguayas no podemos quedarnos de brazos cruzados, o mirando hacia otro lado, ante la creciente influencia de poderosos grupos criminales –como el de Darío Messer (el “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes) y otros forajidos– sobre las instituciones del Estado. Oponerse con toda firmeza y perseverancia al inconstitucional juramento como senadores activos de Cartes y Duarte Frutos, inclusive saliendo a protestar en las calles, es proteger a la Nación de sus enemigos y proporcionar al Paraguay la posibilidad de un futuro democráticamente estable.