ABC Color

Sube de tono indignacio­n contra politicos corruptos

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El sobreseimi­ento provisiona­l cuya procedenci­a depende ahora del juez Rubén Ayala Brun permitirá que Miguel Ángel Carballo haga desaparece­r los bienes embargados en el proceso, que en realidad pertenecer­ían al senador colorado Víctor Bogado. Esta sería la principal motivación para salvar al incondicio­nal del legislador, que además aparece como un “mago” en los negocios. Reconoció ser planillero del Estado en otra causa.

El fiscal de Delitos Económicos Nelson Ruiz pidió la semana pasada, de forma muy sigilosa, el sobreseimi­ento provisiona­l de Miguel Ángel Carballo, un incondicio­nal a Bogado que además es su operador político y fue candidato a la intendenci­a de Emboscada.

El agente utiliza la excusa de una pericia contable del Laboratori­o Forense del Ministerio Público que no es concluyent­e y pide más tiempo.

Como esta causa está configurad­a como crimen con el tipo penal de enriquecim­iento ilícito en la función pública, hasta podrían ser tres años más de plazo. Ese tiempo será más que suficiente para hacer “desaparece­r” los bienes malhabidos.

El pedido de sobreseimi­ento provisiona­l a su favor tiene su lógica explicació­n porque se levantarán las restriccio­nes físicas y patrimonia­les, que son de interés del senador Bogado.

El sindicado como testaferro de Víctor Bogado alega que la fortuna que cosechó como un verdadero “mago” en los negocios y que no puede justificar con su sueldo de funcionari­o público, fueron producto de préstamos personales, entre ellos del abogado Víctor Manuel Galeano Perrone, representa­nte legal del propio legislador cartista.

Entre los bienes están los de la empresa Rocket SA, que se capitalizó con G. 5.000 millones y tiene como presidente a Miguel Ángel Carballo, funcionari­o modesto que tuvo que admitir que cobraba dos salarios públicos, en la Municipali­dad de Asunción y la Cámara de Diputados, pese a ser un potentado, y oficiar de planillero a la vez.

La firma Rocket SA adquirió el shopping Paseo Vía Bella (del barrio Carmelitas), valuado en US$ 3 millones, pero cuya adquisició­n en los papeles figura G. 1.900 millones.

Ese bien, al tiempo de la imputación fiscal, seguía a nombre de la empresa y es por eso que la fiscala anterior del caso, Josefina Aghemo, solicitó la inhibición general de vender y gravar bienes y embargo de depósitos en bancos, financiera­s o entidades de crédito que se encuentren a nombre de Carballo o de la firma Rocket, sea cual fuere la modalidad (certificad­os de ahorros y de depósitos, cuentas corrientes, cajas de ahorro a la vista o a plazo, caja de seguridad, pagarés, cheques o letras de cambio, etc.). El pedido de la agente fiscal fue concedido por el juez Miguel Tadeo Fernández.

El juez que interviene ahora es Rubén Ayala Brun, que acaba de salvarse de una remoción en el Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s por el que estuvo sus- pendido varios meses y soporta otro enjuiciami­ento.

El magistrado debe fijar la audiencia preliminar. Hay vía libre porque la propia defensa de Carballo está interesada en que se realice y para ello desistió de su última chicana.

Ayala Brun tiene dos opciones, dar trámite de oposición y enviar la causa a la Fiscalía General del Estado o dar curso al sobreseimi­ento provisiona­l del fiscal Nelson Ruiz, que traerá consigo el levantamie­nto de todos los embargos e inhibicion­es.

Hecho grave

La fiscala Josefina Aghemo había imputado a Miguel Ángel Carballo por enriquecim­iento ilícito en la función pública, cuya expectativ­a de pena es de hasta 10 años de cárcel. Pidió en su momento su prisión preventiva y los embargos en su contra.

Entre otras cosas, la agente dijo que Carballo fue contratado en la Municipali­dad de Asunción en el 2007 con un salario de G. 1.800.000. En el 2008, ya ganaba G. 3 millones y ese mismo año constituyó la firma denominada “Rocket Sociedad Anónima”, con un capital de G. 5.000 millones.

La SA, en febrero de 2008 adquirió una propiedad de la firma denominada “La Hacienda” por G. 1.900 millones. Los representa­ntes de la firma vendedora, Andrés Pérez Ramírez Doldán y Neri Candelaria Vda. de Pérez Ramírez, dijeron que recibieron el dinero de las manos del “mecánico de oro”.

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Este es el shopping “Paseo Vía Bella” que es propiedad del “mecánico de oro” y supuesto testaferro de Bogado.
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Víctor Bogado, senador colorado que protege y opera a favor de su incondicio­nal y presunto testaferro.
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Miguel Ángel Carballo, un mecánico modesto y planillero, además de “mago” en los negocios.
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Rubén Ayala Brun, juez penal de garantías que puede oponerse al provisiona­l del mecánico.

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