Corte amordaza la libertad de expresión
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, dijo ayer que la decisión de la Corte Suprema de ratificar fallos que censuran a la prensa es un nefasto precedente para la justicia paraguaya. Anunció que irá en consulta a la Corte para que la respuesta sea vinculante y que estudia llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Godoy, en comunicación con ABC indicó que hay cuestiones que considerar sobre este nefasto fallo firmado por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Myriam Peña que rechazaron una acción de inconstitucionalidad de Editora del Este (SA) contra fallos judiciales de mayo y junio pasado que prohíben la difusión de información respecto a un proceso por acoso a una docente en Ciudad del Este.
“En primer término, el único que tiene facultad constitucional de hacer censuras públicas es el defensor del pueblo; en segundo término estas censuras públicas se pueden hacer cuando existen situaciones que a través del conocimiento colectivo y la publicidad atropellan derechos fundamentales: la vida la libertad y la igualdad, protegidos por la Constitución Nacional, por la dogmática universal, que fundamentan los principios democráticos”, indicó el abogado Godoy.
“Yo tengo la intención de llevar esto a tribunales internacionales porque si nosotros lo dejamos así, la víctima de un hecho tan grave como este quedará sin la posibilidad de hacer su denuncia pública. Básicamente con esta decisión judicial se está preparando una antesala a una suerte de impunidad”.
Indicó que la responsabilidad de la Corte es clara al ser “partícipe de esta situación con los jueces que hicieron lugar un amparo que jamás se puede dar en tiempo de democracia”.
Añadió: “Una cosa es no informar sobre cuestiones procesales específicas que hacen a la investigación y otra cosa es coartar el derecho a hacer denuncia pública”.
Luego señaló: “Vamos a pedir informes sobre este caso y vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque este puede ser un precedente nefasto para la justicia paraguaya. Nosotros no podemos permitir que esto termine sin ser impugnado”, sentenció.
Según los antecedentes, el amparo fue promovido por la Universidad Tres Fronteras y su rectora Nancy Romero de Duarte con el objeto de prohibir la difusión de una denuncia de acoso promovida por una docente contra el ingeniero Gustavo Duarte, director y propietario de la citada institución.