Fenece el mandato de dos ministros del TSJE
Mañana vence el mandato de cinco años de dos de los tres miembros del TSJE: Jaime Bestard (ANR, cartista) y María E. Wapenka (PRF), quienes tras ser blanqueados por la Fiscalía, buscan que la Corte les “atornille”.
El mandato de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es de cinco años y vence mañana, teniendo en cuenta que Bestard y Wapenka asumieron el 22 de agosto de 2013.
Los dos miembros del TSJE recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para que el máximo organismo judicial les declare “inamovibles” en el cargo hasta los 75 años de edad, sin necesidad de ser confirmados por el Senado por otro periodo.
Sin embargo, tanto Bestard como Wapenka han acumulado un legajo de repudio ciudadano. Junto al ministro Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), inamovible desde el año 2000, los tres se encargaron de mantener el sistema de lista “sábana”; la contratación de miles de planilleros recomendados de políticos de turno y se mostraron serviles al proyecto del entonces presidente de la República Horacio Cartes para que pueda competir en las elecciones, pese a que la Constitución Nacional en su artículo 189 señala que debe ser senador vitalicio, al igual que el exmandatario Nicanor Duarte Frutos.
En las últimas semanas, también se negaron a mostrar actas de los resultados electorales del 22 de abril, que habrían sido adulteradas por un ex alto funcionario, Miguel A. Iturburo. Tampoco publican en su sitio web la nómina de sus miles de funcionarios desde hace ocho meses.
Blanqueados
A esto se suma que los tres fueron investigados por la Fiscalía por presunto cobro indebido de honorarios, que consistió en un “plus” disfrazado de viáticos por viajes fantasma. Trascendió que el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, –actualmente prófugo de la justicia por supuesto enriquecimiento ilícito–, ordenó archivar la investigación cuando los magistrados “devolvieron” lo cobrado.
“Caseras” de Wapenka
Otro caso particular se dio con la ministra Wapenka quien desde hacía años, siendo jueza del fuero electoral, hizo nombrar como funcionarias a las dos empleadas domésticas de su residencia en Encarnación, departamento de Itapúa. Tras meses de cajoneo, el ex fiscal general también ordenó archivar la investigación.