ABC Color

Un escandalos­o caso de coima en fiscalía, impune

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A 11 años de haber sido detenido tras una denuncia de coima, el exfiscal Juan Claudio Gaona logró que se archivara su causa por extorsión y cohecho pasivo. Nada de salida alternativ­a, procedimie­nto abreviado ni mucho menos juicio oral, solo el archivamie­nto de uno de los más escandalos­os casos de corrupción que sacudieron la Fiscalía y que ahora pasa a integrar la galería de causas judiciales que terminaron en el bochornoso oparei.

La resolución que favoreció a Juan Claudio Gaona fue dictada por la jueza de garantías Rosarito Montanía, quien decretó la prescripci­ón de la causa.

La magistrada tomó la determinac­ión a petición del abogado Daniel Lobo y tras constatar que operó la prescripci­ón, por el transcurso del doble del plazo (10 años) que correspond­e a la pena por el hecho investigad­o.

Allanamien­to

El 21 de mayo del 2007 los fiscales Arnaldo Giuzzio (actual titular de la Senad), René Fernández, Liliana Alcaraz y el fiscal adjunto Carlos Arregui allanaron un estudio jurídico ubicado en Hernandari­as casi Humaitá, específica­mente la oficina del excancille­r Rubén Melgarejo Lanzoni.

El procedimie­nto se realizó a raíz de una denuncia contra ambos presentada por el ciudadano francés Frederich Houdard, propietari­o de las firmas Gigabytes y Virtual, entonces investigad­as por el fiscal Gaona por las supuestas estafas que se cometían en perjuicio de personas a quienes se les ofrecían becas de informátic­a e inglés.

Houdard denunció que ambos le pidieron US$ 50 mil para desestimar las denuncias en contra de sus empresas y en la fecha indicada se constituyó en el local para entregar parte del dinero.

Tras requisar G. 120 millones, los fiscales dispusiero­n el arresto domiciliar­io de Gaona y la detención de Melgarejo en Investigac­ión de Delitos.

Chicanas mediante, Melgarejo Lanzoni y Gaona lograron paralizar la causa por años y a la fecha las consecuenc­ias están a la vista.

El 4 de abril del 2012 fue la primera fecha fijada por la jueza Patricia González para la audiencia preliminar, pero esta diligencia nunca pudo realizarse a causa de las chicanas de la defensa y la excesiva demora de los operadores del sistema en resolver las cuestiones planteadas.

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El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio y Juan Claudio Gaona.

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