Fiscalía insiste en proceso contra el contralor por no apelar fallo arbitral
La fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo presentó una acción de inconstitucionalidad para que el contralor general, Enrique García, siga procesado por no apelar un fallo arbitral condenatorio.
La Cámara de Apelaciones determinó que el proceso contra García era nulo, mientras el mismo posea inmunidad y puede afrontarlo una vez que sea removido del cargo mediante juicio político.
La fiscala Yolanda Portillo indica en su acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia varias irregularidades del fallo de segunda instancia.
Entre ellas está el hecho de que se atacó el pedido de desafuero de la jueza Lici Sánchez, obviando que el que otorgó fue el Congreso.
Asimismo, la agente fiscal insiste en que el contralor y la subcontralora poseen inmunidades equiparadas a la de los magistrados en cuanto a procesos, según la Constitución Nacional.
“El juicio político no es un tipo de inmunidad. Al conceptualizar la inmunidad no es otra cosa que el privilegio del que gozan ciertas personas por la calidad de función que desarrolla y en virtud de la cual sus comportamientos presuntamente delictivos quedan sometidos a un especial tratamiento jurídico, mientras que el juicio político es un método para apartar a alguien de su cargo por las razones taxativas establecidas en la Constitución. Siendo así, decir que el juicio político es un tipo de inmunidad resulta incorrecto, menos aún resiste cuando se expresa que la única manera de procesar penalmente al contralor general de la República puede sobrevenir posterior a un juicio político”, alega Portillo.
De esta forma, la investigadora asegura que la inmunidad de la que goza Enrique García es la de opinión y la de arresto, “no teniendo inmunidad en cuanto a proceso”.
El contralor está imputado junto a los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, Julio Orlando Giménez y Rodolfo Duarte, por producción de documentos no auténticos.
García, supuestamente, en su carácter de director jurídico de la comuna capitalina adulteró las firmas de funcionarios judiciales para dejar constancia de que apeló un fallo que sentenciaba que la Comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur. Sin embargo, la apelación nunca fue presentada y se comprobó con la pericia caligráfica de 21 funcionarios de la Cámara de Apelaciones Civil, documentos y testimoniales.