Piden auditoría de diez casos
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicitó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, una auditoría de gestión de procesos penales, a los efectos de poner fin a un entramado litigio judicial derivado de un conflicto familiar que incluye denuncias por violencia que nunca fueron indagadas.
El profesional explicó que su representada, Mónica Canessa, empezó a ser víctima de violencia luego de su divorcio con Diego Levit, debido a que reclamó la división del paquete accionario de la firma Racks SA en partes iguales.
“Acá nunca se investigó la violencia de la que fuera víctima mi representada, que incluye episodios en la misma empresa y con mediación de guardias privados”, refirió Duarte.
Según el profesional, la fiscala Sonia Pereira imputó a Diego Levit por lesión de confianza, por el cobro de cheques de la empresa que depositaba en su cuenta.
Asimismo, el fiscal Miguel Vera imputó a su representada, Mónica Canessa, y al hijo del matrimonio, por supuesta apropiación y desacato.
“La imputación es con sospechas infundadas, contrarias incluso a las probanzas de autos y en algunos casos y con claros fines extorsivos”, dijo al respecto el abogado.
Sobre la conducta de la contraparte, dice: “La actuación irregular, compulsiva y temeraria –por cierto– del señor Diego Levit hace imperiosa la necesidad de que el Ministerio Público actúe con objetividad, motivo de la presente auditoría de gestión”, sostiene Duarte.
Por toda esta situación, el letrado pidió a la Fiscalía General que audite unas diez causas abiertas en torno a este pleito.