En Petropar se “extraviaron” datos financieros y se abre investigación Según Samudio, no hay contrato de por medio
El Sindicato de Trabajadores de Petropar (Sitrappar) presentó el pasado 5 de setiembre una nota a la petrolera estatal en la que denuncia el extravío de una base de datos financieros de la empresa, cuya nueva titular, Patricia Samudio, admitió el hecho. D
Según la denuncia de Sitrappar, la empresa GO Paraguay, sistema Oliux Flex, contratada de manera irregular por Petropar, brindó sus servicios por un año, pero al no ganar una licitación se retiró, llevándose la base de datos.
“Petropar tenía un sistema de facturación, dejaron ese sistema y le trajeron a esta firma GO Paraguay, y le hicieron trabajar un año con ese sistema, (pero) como luego la misma pierde la licitación (...), se enojan (los de esa empresa) y llevan todo el sistema, la base de datos de Petropar. ¿Quién autorizó esta contratación? ¿Cómo pudieron llevar esa información? Allí están los datos sobre los G. 40.000 millones que hoy se bicicletean, de las deudas de las estaciones operadoras de Petropar”, dijo a nuestro diario Gerardo Parodi, secretario de Conflictos de Sitrappar.
Según Parodi, GO Paraguay exige el pago de unos US$ 30.000 por los trabajos hechos en el 2017, al que, según la denuncia, accedió sin concurso ni contrato.
“Hay fajos de cheques vencidos por culpa de este sistema, porque no se sabía quién debía, si se pagó o no, por eso la presidenta hizo una aclaración de que había un desorden, pero que no manejaba bien lo que pasaba. Esto no es un desorden, es una aberración. Había cheques que suponemos fueron cajoneados intencionalmente, no sabemos para qué. Hay emblemas que debían G. 4.000 millones y se les sigue dando crédito. Hay un desorden financiero; deudas de emblemas privados algunas de las cuales son incobrables; cheques vencidos, rebotados de bancos que no se cobran. Eso es lo que queremos que se investigue y se comunique al Ministerio Público”, añadió.
Los sindicalistas piden que la nueva titular, Patricia Samudio, “corte cabezas si hay que hacerlo y que vaya preso el que tiene que ir preso”. Aseguran que Sitrappar no va a apañar a un solo asociado si está involucrado en el tema, porque “hay una empresa privada que tiene secuestrado el sistema financiero de Petropar”, alegan.
Parodi, quien llegó a nuestra redacción con otros dos dirigentes, Alberto Ávalos y Emigdio Coronel, afirmó que desde diciembre pasado Petropar ya se manejaba “como un almacén de barrio, con libretas”. “No estamos en contra del Gobierno ni de esta administración, queremos que la presidenta haga renunciar a todos los involucrados y nosotros vamos a respaldar todas las acciones que se tengan que hacer a nivel gremial. Queremos que todos los responsables sean sumariados e investigados”, sostuvo la fuente.
“Acá tienen que rodar cabezas. Todos los gerentes deben poner su cargo a disposición para que sean auditados, es un nuevo gobierno y no se hizo nada hasta ahora. Denunciamos esto porque Auditoría no denunció. Nos enteramos hace unos días, cuando al sindicato nos comenzaron a reclamar sobre el caso. Se manejaba herméticamente, hasta que ahora se filtró la información”, dijeron.
Finalmente, advirtieron que darán 30 días a Samudio para que actúe, o de lo contrario irán a huelga los cuatro sindicatos de Petropar.
Respecto a la denuncia, consultamos a la actual titular de Petropar, Patricia Samudio, quien en principio se limitó a responder que asumió hace apenas una semana y no sabe aún cuál es la relación entre la estatal y GO Paraguay.
“Yo ahora firmé una nota, un pedido de protocolo de investigación a la dirección jurídica para poder tener mayor información. Todo lo que tengo hasta ahora son solo rumores. Con esta investigación vamos a tener mayor información al respecto”, indicó, agregando que lo que puede asegurar es que “esta firma no fue contratada por Petropar, no hay contrato”.
Sobre el pago de US$ 30.000 que reclama supuestamente GO Paraguay, el director jurídico de Petropar, Sebastián Irún Croskey, dijo que “eso es lo que tenemos que investigar. Se van a recabar datos de las personas que tengan conocimiento del hecho. Lo que se alega es que esta empresa estuvo trabajando en la instalación de un software informático para la parte financiera de Petropar por casi un año y que luego no resultó ganadora en una licitación, y se retiró de la empresa. No sabemos el alcance de los servicios en caso de que se haya prestado”.
“Podíamos decir preliminarmente que son las personas que contrataron a título particular con esta empresa las que deberán hacerse cargo, porque en una institución pública un funcionario no puede realizar una contratación a título particular y mucho menos para la carga de los datos financieros de la empresa”, señaló Irún. Sobre el mismo punto, Samudio dijo que habría un reclamo, pero no por escrito. “Sí, sabemos que esa firma contactó probablemente con funcionarios con quienes tenían relación para que gestionasen este pago, pero institucionalmente no tenemos conocimiento. Tampoco se puede pagar una deuda de forma institucional sin conocer el alcance, el precio y si se hizo realmente un servicio”, sostuvo.
“Cuando asumí la presidencia, incluso durante la época de transición, yo pedía datos, pero me decían que esos estaban en una base de datos que se había llevado. No tengo mayor información, son rumores, pero lo cierto es que existía una base de datos que hoy no está. Debemos confirmar el valor de esos datos, son datos financieros, aparentemente del ejercicio del 2017”, acotó Samudio.