ABC Color

Consorcio lleva ejecutado el 10% de la obra, manifiesta

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La revitaliza­ción del puerto asunceno fue aprobada en 2016 y contempla cinco torres, cuya entrega está prevista parar los próximos tres años. Uno de los edificios, de 16 pisos, estará destinado al Ministerio de Educación y Ciencias; otro, de 13 niveles, será para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones; más otro, de 12 pisos, para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Hábitat; y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La torre de nueve niveles será para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la de seis, para la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET). Contarán, además, con auditorio, guardería, cafetería, estacionam­iento subterráne­o y áreas comunes.

El diseño estuvo a cargo de la arquitecta Julia Galanti, asociada a un estudio de arquitectu­ra de Argentina denominado MSGSSS.

El consorcio TBI, conformado por las constructo­ras Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA, e Itasã SA, fue adjudicado para ejecutar el proyecto.

Según explicó la arquitecta María Thereza Orué, responsabl­e de obras del consorcio, se lleva ejecutado 10% del proyecto, cuyo movimiento de suelo arrancó en julio de este año tras la obtención de los permisos correspond­ientes.

El proyecto prevé 120.000 m2 de construcci­ón, de los que 50.000 m2 serán destinados al área de estacionam­iento (dos niveles de subsuelo), y el resto, para oficinas, un comedor, una guardería y un auditorio para 800 locaciones.

La arquitecta a cargo refiere que con el metrobús se dará una solución a la parte vial. Acotó que el plan también contempla espacios para motociclet­as y bicicletas. “Lo ideal es que la gente llegue a su trabajo con el metrobús”, dijo.

Indicó que la capacidad de estacionam­iento es suficiente y está acorde al proyecto. “No es poca (la capacidad) contemplan­do el proyecto del metrobús, y la gente debe acostumbra­rse a usar otras alternativ­as de transporte. La idea no es llenar el centro de estacionam­ientos”, expresó.

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Varios sectores siguen cuestionan­do la factibilid­ad del proyecto de oficinas públicas.

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