Vito con la plata de Yacyretá.

Una vez completada la construcción de la represa de Yacyretá, en la que lucraron burócratas de turno y los “barones” de las empresas constructoras de los países involucrados, en 2003, durante los Gobiernos de Nicanor Duarte Frutos en Paraguay y Néstor Kirchner en Argentina, las altas partes convinieron en crear los denominados “Gastos sociales y ambientales”, no establecidos en el Tratado respectivo, para encarar supuestos planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las represas, sin pasar por licitación ni control del Ministerio de Hacienda y el Congreso. Consiste en un fondo especial incluido en el costo global y de servicios de la deuda de la usina, repartido en forma igualitaria y a libre antojo de directores y consejeros. Entre enero de 2016 y junio de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes, la discrecional repartija totalizó 28 millones de dólares (unos 150.000 millones de guaraníes), suma con la que se podría satisfacer muchas necesidades sociales. Pero con el torrente de plata dulce que ingresa en el concepto mencionado, se ha establecido un perverso sistema de corrupción clientelista para mantener en el poder a una claque política depredadora.

Una de las promesas electorales más firmemente ratificadas por el presidente Mario Abdo Benítez al asumir la Primera Magistratura de la nación ha sido su compromiso de arremeter contra la corrupción con todos los medios a su alcance. A tal efecto, ha instado a los otros Poderes del Estado –en particular a la Justicia– a sumarse a esa cruzada de recomposición

moral de la corrupta administración pública que, bajo el Gobierno de su antecesor, ha alcanzado extremos intolerables para la conciencia pública.

Lamentablemente, sus primeras acciones como Presidente de la República no se compadecen con sus promesas, siendo algunas de ellas simplemente decepcionantes, como las relativas a nombramientos al frente de las entidades binacionales de cuestionados personajes sin integridad moral, como

José Alberto Alderete en Itaipú y Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá. Como sabemos, desde sus inicios las entidades hidroeléctricas binacionales se han constituido en verdaderos “agujeros negros” de corrupción al servicio de los Gobiernos de turno de ambas márgenes.

En el caso específico de Yacyretá, una vez completada su construcción, en la que lucraron ilícitamente los burócratas de turno y los “barones” de las empresas constructoras de los países involucrados, en 2003, durante los Gobiernos de

Nicanor Duarte Frutos en Paraguay y Néstor Kirchner en Argentina, las altas partes convinieron en crear los denominados “Gastos sociales y ambientales”, que no están establecidos en el Tratado respectivo, para encarar supuestos planes sociales en las áreas afectadas por la construcción de las represas, sin pasar por licitación ni control del Ministerio de Hacienda y el Congreso. Consiste en un

fondo especial incluido en el costo global y de servicios de la deuda de la usina, repartido en forma igualitaria y a libre disposición de cada parte para el destino que quisiesen.

Para tener una idea de la cuantía de estos fondos, que se distribuyen según el antojo de directores y consejeros, se puede mencionar que entre enero de 2016 y junio de 2018, durante el Gobierno de Horacio Cartes, la discrecional repartija totalizó 28 millones de dólares (unos 150.000 millones de guaraníes). Con esta importante suma se podrían financiar, por ejemplo, diez nuevas alas de urgencia en el Hospital de Trauma, ampliar 70 veces el hospital de Villa Elisa, o construir la mitad del nuevo hospital

de Coronel Oviedo. Ese escenario de acceso a los mismos no ha variado en absoluto, aunque se ha procurado darle un cariz de transparencia mediante concursos de méritos para cubrir vacancias a nivel medio e inferior. Con la habilitación del rubro de “gastos sociales y ambientales”, lo que los gobernantes paraguayos –sean ellos colorados, liberales o aliancistas– lograron fue disponer de una nueva enorme “piñata” para distribuirla a gusto y paladar (Ver pág. 6 de esta edición). Con el torrente de plata dulce de ambas

binacionales, han establecido un perverso sistema de corrupción clientelista para mantener en el poder a una claque política depredadora. Con esos recursos del fisco, los gobernantes de turno compran el apoyo de parlamentarios, jueces, fiscales y burócratas, aunque para disimular, los aportes también se dispersan a otras áreas, como iglesias, fundaciones, el arte y el deporte.

Si bien este codiciado rubro se manejó siempre en medio de una bruma, se habla de que en ambas entidades binacionales se destina para el efecto la enorme suma de 150 millones de dólares a cada lado. ¡Qué gobernante no querría tener a disposición dicho monto para distribuirlo a su antojo! Se entiende, por eso, que ninguno de los Gobiernos haya intentado seriamente incluir ese elevado monto en el Presupuesto nacional. En efecto, más de un candidato ha prometido hacerlo, pero una vez que accede al Gobierno descubre que “había sido que se trataba de dinero de las entidades binacionales” y que, por tanto, debe ser manejado en ese ámbito. Es cierto que las represas son binacionales, pero la mitad de lo producido en ellas le corresponde a nuestro país, y ninguno de los socios condóminos puede decirnos qué hacer con nuestros recursos, salvo que nuestros gobernantes acepten abdicar una vez más la soberanía paraguaya.

Por todo cuanto antecede, debe merecer atención favorable el proyecto de ley presentado el mes pasado por los diputados liberales Édgar Acosta, Pastor Vera Bejarano y Enrique Mineur, y la encuentrista Kattya González, que plantea la inclusión de los mencionados “gastos sociales” en el Presupuesto General de la Nación.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar con firmeza y perseverancia que termine esta descarada repartija discrecional del dinero del pueblo en beneficio de unos cuantos avivados.