EDITORIAL

Importante iniciativa para hurgar en los negocios de Petropar. Llama la atención pública la controversia surgida entre la nueva presidenta de Petropar, Patricia Samudio, y su antecesor en el cargo, Eddie Jara, en torno a acusaciones recíprocas de mal desempeño al frente de la administración de la petrolera estatal. La primera piedra la tiró la señora Samudio, con la presentación de dos denuncias concretas ante el Ministerio Público, que involucran en total presuntos desvíos de 500.000 dólares, un hecho que puede calificarse de histórico, considerando que desde su creación en la década de 1960 con el nombre de Refinería Paraguaya S.A. (Repsa), y transitando siempre una negra senda de corrupción, la empresa nunca ha sido molestada con investigación alguna sobre sus sucios negocios, por ser la vaca lechera preferida de los gobernantes, comenzando por su creador, el dictador Alfredo Stroessner. El presidente Mario Abdo Benítez ha prometido combatir la corrupción en la administración pública. Es su oportunidad de hacerlo en la empresa petrolera, una de las más corruptas desde su creación. Es de desear que las denuncias sean el inicio de una operación limpieza en el ente para desenmascarar a los responsables y enviarlos a la cárcel.

Llama la atención pública la sugestiva controversia surgida entre la nueva presidenta de Petropar, Patricia Samudio, y su antecesor en el cargo, Eddie Jara, en torno a acusaciones recíprocas de mal desempeño al frente de la administración de la petrolera estatal. La primera piedra la tiró la señora Samudio, con las denuncias concretas ante el Ministerio Público, un hecho que puede calificarse de histórico, considerando que desde su creación en la década de 1960 con el nombre de Refinería Paraguaya S.A. (Repsa), y transitando siempre una negra senda de corrupción, la empresa nunca ha sido molestada con investigación alguna sobre sus sucios negocios, por ser la vaca lechera preferida de los gobernantes, comenzando por su creador, el dictador Alfredo Stroessner.

Una de las denuncias de la nueva administración de Petropar está dirigida contra personas innominadas y se relaciona con la provisión irregular de gas licuado de petróleo (GLP) a la firma Buenaventura S.A., representada por Fernando Rafael Ramos, que explota una estación de servicio con el emblema de Petropar en la ciudad de Ñemby. Según la presentación, la empresa retiró GLP en forma gratuita durante seis meses, habiéndose encontrado los tickets de entrega del producto, pero no las facturas. En este caso, se estima un daño patrimonial de 1.500 millones de guaraníes.

La segunda denuncia, dirigida esta vez contra Eddie

Jara y otras personas, se refiere a una compra de gasoíl realizada en 2016 a la firma Glencore Internacional AG, representada, entre otros, por Santiago Sánchez y

Fernando Ferrés Dellepiane. Glencore es la misma empresa histórica proveedora de fueloíl a la Industria Nacional del Cemento (INC), que muchas veces entregaba el producto con atraso y ocasionaba el paro de los hornos. Este contrato de compra vencía el 22 de diciembre del 2017, por lo que, según la denuncia, Petropar, a cargo entonces de Eddie Jara, firmó un nuevo contrato a un precio mucho más ventajoso, pese a lo cual la petrolera continuó importando el gasoíl sobre la base del precio anterior establecido en el contrato fenecido, con un daño patrimonial para la empresa de 1.383.313.021 guaraníes. Ambos casos totalizan 2.883.313.021 guaraníes (cerca de 500.000 dólares). Como defensa, Eddie Jara optó por contragolpear, acusando a su sucesora del delito de tráfico de influencias por haber vendido, supuestamente, 7,5 millones de litros de gasoíl al emblema Monte Alegre S.A. (firma ligada a un asesor del presidente Mario Abdo Benítez), en vísperas del anuncio de la suba de los precios de combustibles, así como de haber dispuesto la transferencia de fondos en dólares a bancos privados,

violando una prohibición establecida en la Ley del Presupuesto General de la Nación correspondiente al

presente año. También la acusó de haber favorecido tempranamente a emblemas privados con la venta de gasoíl.

Lo que en un principio parecía un simple careo incriminatorio entre la actual titular de la empresa y el anterior, se ha extendido llamativamente más allá de lo esperado por la opinión pública. Se han sumado al mismo otros actores sin directa vela en el entierro, como el exministro de Hacienda Santiago Peña, la Cámara de Diputados y sindicalistas de Petropar. Todos ellos se han manifestado abiertamente en contra de la actual presidenta, Patricia Samudio, centrando sus críticas en la mencionada transferencia de recursos de la empresa a bancos privados de plaza, dispuesta por ella a poco de asumir el cargo. La deducción lógica de la gente es que el asunto tiene un trasfondo político ligado a la corrupción que siempre rodeó a Petropar, la jugosa piñata heredada de la dictadura stronista, y mantenida contra viento y marea por los gobiernos democráticos que le sucedieron.

Como ejemplos, se puede mencionar que entre los que más medraron a costa de Petropar fueron los Gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo . El primero, hoy al frente de uno de los mejores “zoquetes” del Estado, la dirección paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cambio de hacer parada con la gorra bolivariana de Hugo Chávez, logró que este le vendiera a nuestro país derivados de petróleo a crédito por un importe total de US$ 260 millones, negocio que continuó durante el Gobierno de Lugo. Pese a que las naftas se vendían al contado a los automovilistas, ninguno de los dos exmandatarios por lo visto pagó la deuda, ya que hoy el Gobierno venezolano reclama al Paraguay, en tribunales internacionales, una deuda de 300 millones de dólares debido a esas oscuras operaciones. Si nos atenemos a la denuncia presentada por la actual titular de Petropar, puede pensarse que los negociados continuaron bajo el Gobierno de Horacio Cartes. El presidente Mario Abdo Benítez ha prometido combatir la corrupción en la administración pública. Es su oportunidad para hacerlo en la empresa estatal petrolera, una de las más corruptas desde su creación. No pretendemos defender a su actual presidenta,

Patricia Samudio, quien seguramente también enfrentará en su momento algún pedido de investigación fiscal si es que su actuación no está ajustada a la ley. Lo que sí vale destacar es que por primera vez se presentaron dos denuncias concretas de corrupción en la historia de Repsa-Petropar, algo que puede calificarse de histórico. Es de desear que sea el inicio de una operación limpieza en el ente para desenmascarar a los responsables y enviarlos a la cárcel.