Respaldan juicio político, aunque no aseguran que haya destitución
El senador colorado Enrique Bacchetta y el liberal Fernando Silva Facetti coincidieron en la necesidad de concluir los juicios políticos pendientes contra miembros de la Corte y el contralor, más allá de si son finalmente destituidos.
El senador Bacchetta, líder de la bancada de Colorado Añetete, dijo que están de acuerdo con la continuidad de los juicios políticos a los ministros Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, además del contralor general de la República Enrique García.
“Se debe terminar con lo que se empezó”, dijo el legislador. Agregó que no es bueno para nadie, especialmente para los afectados tener encima el “cháke” (amenaza) de su destitución.
Puntualizó que en su bancada no existe una postura previa sobre el sentido en que votarán respecto al juicio político de los tres mencionados pero todos están de acuerdo en que concluyan los procesos.
Señaló que en la sesión ordinaria de la semana pasada él había informado que solicitó a las autoridades de la Cámara de Diputados que vuelvan a designar a sus fiscales acusadores, ya que los anteriores Ramón Romero Roa (ANR) y Eusebio Alvarenga (PLRA) en su momento renunciaron.
Bacchetta indicó que una vez que se reanude el juicio y escuchen los alegatos de una y otra parte la bancada se reunirá para evaluar si toman una postura como bloque.
Estamos de acuerdo con la prosecución de los juicios políticos.
En tanto, el senador Fernando Silva Facetti, de la bancada “A” del PLRA dijo que estaban de acuerdo en que los juicios políticos parados desde 2016 deben continuar. Señaló que, personalmente, no veía la utilidad de impulsar la destitución del ministro del a Corte Sindulfo Blanco, de tendencia liberal, que culmina su mandato a principios de diciembre próximo.
No obstante, aclaró que todos los casos se discutirán en la bancada.
Sobre el caso del contralor García, el senador Silva Facetti dijo que también estaban a favor de que se trate “independientemente que se vote por el si o por el no”.
Señaló que una vez que se inicia un procedimiento de este tipo, previsto en la Constitución Nacional se debe concluir, con todas las garantías de un debido proceso.