ABC Color

La cuestionab­le política vial del MOPC

- Ing. Carlos A. T. Cáceres G. ccaceres@abc.com.py

En la región, Paraguay es el único país donde adjudican las obras viales sin tener las franjas de dominio liberadas, incluso sin saber a cuánto ascenderá el monto de las expropiaci­ones y el tiempo que demandará el trabajo de campo y los correspond­ientes trámites legales.

Contrariam­ente, en los demás países es de rigor que antes de licitar las obras primero pidan la mensura judicial, deslinde y catastrami­ento de la zona de camino, acuerden la indemnizac­ión con los propietari­os, realicen las inscripcio­nes en Catastro y Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio de Obras Públicas, y que este lo incorpore a su patrimonio, y la Dirección de Vialidad a su inventario vial, para exigir a las constructo­ras el cabal cumplimien­to de los plazos contractua­les.

En nuestro país, de acuerdo con la experienci­a, la omisión de la liberación de traza constituye un riesgo sistémico, fuera de control, que en estos momentos estaría complicand­o el financiami­ento de duplicació­n de rutas 2 y 7. Se trata de la Licitación Pública Nº 01/2017 del 14/03/2017, para la elaboració­n del diseño, financiaci­ón, construcci­ón, operación y mantenimie­nto por 30 años de las rutas nacionales 2 y 7, a ejecutarse mediante una alianza público-privada (APP), por la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Ruta del Este SA, cuyos accionista­s son Sacyr Concesione­s SL (60%)-Mota Engil SA (20%)-Ocho A SA (20%).

Para este emprendimi­ento, el consorcio habría presentado cartas de financiami­ento e interés de cinco bancos; las estadounid­enses JP Morgan, Goldman Sachs, y la Cooperació­n Interameri­cana de Inversione­s (que es la banca privada del BID), y las locales Continenta­l y Regional, pero no aseguraba el financianc­iamiento de la obra.

En principio, el inconvenie­nte para conseguir el crédito internacio­nal de US$ 500 millones para financiar la duplicació­n radicaría en la política vial del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) de licitar las obras sin contar con la franja de dominio totalmente liberada, es decir, el hábito del Ministerio de adjudicar obras con zonas parcialmen­te ocupadas, por lo general, aceptado cuando son financiada­s por el BID, Fonplata, Corporació­n Andina de Fomento (CAF), Fondos para la Convergenc­ia Estructura­l del Mercosur (FOCEM), bonos soberanos y/o recursos propios, lo que permite a la mayoría de las vialeras, especular con los plazos de obras y los mayores costos durante la ejecución. Incluso si el proyecto ejecutivo no fue bien definido, es parte del negocio lucrar con los imprevisto­s, de modo que el costo final de la obra se dispare hasta el 20% del monto del contrato, máximo permitido por los pliegos de licitación, hay suficiente ejemplo de ello.

Pero en obras a ser financiada­s mediante la alianza público-privada, la liberación de traza adquiere relevancia por los interrogan­tes relacionad­os con el plazo de la obra e incumplimi­ento del cronograma de trabajo, sumado el costo financiero generado por demoras (prórrogas) por la entrada en servicio de la ruta.

Es decir, además de los ítems contractua­les, el financista también deberá tener en cuenta otros factores que podrían ralentizar el trabajo (plazos inciertos), como los trabajos no contemplad­os en el contrato, como catastrami­ento, gestión, expropiaci­ón e indemnizac­ión a propietari­os frentistas afectados por la obra durante la construcci­ón, que podría desacelera­r el ritmo de los trabajos.

Además existen antecedent­es en estos trámites, que demandaron años. Incluso, los bancos exigirán seguridad jurídica y, si las causas de las demoras resultan imputables a la política del Ministerio, podrían generar reclamos y pedidos de compensaci­ón.

En resumen, de persistir el escenario incierto, obligaría al Ministerio a cambiar de paradigmas, o lo que es lo mismo, a modificar su política vial si desea aplicar la APP en futuros emprendimi­entos, es decir, el caso de las ruta 2 y 7 podría repetirse. Hoy, si vence el plazo para que la contratist­a consiga la financiaci­ón, si no la concreta, obligaría al MOPC a negociar una prórroga con final incierto, situación que se estaría dando en estos momentos.

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