Al Estado lo que es del Estado

Pasaron al Estado las propiedades del narco Jarvis Chimenes Pavão, ubicadas en el departamento de Concepción, y avaluadas en unos seis millones de dólares. Es lo que cabe hacer cuando existen evidencias del origen criminal de los bienes. Esta saludable determinación debe extenderse a los casos en que el dinero del Estado sirvió para la adquisición personal de tierras, vehículos, construcción de casas, etc. La Procuraduría General de la República debe ahora trabajar porque retornen al erario público las propiedades adquiridas por quienes encabezaron una de las más grandes estafas al pueblo paraguayo: dos ministros de Agricultura junto con unos sujetos que se hacían pasar por dirigentes de una supuesta federación de productores frutihortícolas. Sergio Coscia, titular de la Procuraduría, dio la buena noticia sobre la inscripción a nombre del Estado de los inmuebles productos del narcotráfico. Seguramente ha de estar investigando muchas otras propiedades con los mismos orígenes criminales. Los va a encontrar a montones. Están esparcidos por todo el territorio nacional y vaya uno a saber en cuántos otros países. El Estado suele rescatar alguito de lo que se le sustrae en concepto de salarios injustificados. Muchos planilleros se han visto obligados a devolver el dinero que no les correspondía tener. Pero son casos excepcionales. Ahora mismo, el Ministerio de Educación está en la tarea de recuperar un montón de dinero que ha ido a parar en la corrupción. Es de esperar que a esta primera acción de la Procuraduría General pronto se sumen otras como, por ejemplo, la finca de 180 hectáreas, en Ybycuí, que el titular de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) había adquirido por tres mil doscientos millones de guaraníes, al contado. ¿Dónde encontró el dinero? El Ministerio de Agricultura le había transferido cuatro mil millones de guaraníes destinados, en los papeles, a los pequeños productores. Los cuatro mil millones eran parte de los sesenta y ocho mil millones que los ministros Enzo Cardozo y Rodi Godoy habían dado a la Fenaprofhp. Cuatro dirigentes de esta supuesta federación fueron condenados por el Tribunal de Sentencia al hallárseles culpables de estafar al Estado por la sideral suma mencionada. Este dinero debía servir para que los pequeños agricultores “saliesen de la pobreza”. Se hundieron más aún en ella para que un grupo de delincuentes, encabezado por dos exministros, se hicieran de costosas propiedades, entre tierras, residencias, lujosos vehículos. Los condenados por el Tribunal, en forma unánime, fueron: Silvio Riveros (11 años de cárcel), titular de la Fenaprofhp; y los directivos: Lidio Irala, Ignacio Acuña (9 años) y Luis Piccardo (7 años). El fiscal de la causa había solicitado una sentencia mayor no solo por la descomunal suma sustraída, también por la forma de expropiación y los centenares de productores perjudicados. Ya con miras a perpetrar la estafa, en el 2011 se creó una federación de productores que firmó un “convenio” con Enzo Cardozo en su calidad de ministro de Agricultura. Inmediatamente se iniciaron los desembolsos contra lo que acuerda la ley para estos casos. Algunos de ellos son: estudio de mercado, proyectos de inversión, estudio de suelo. De acuerdo con los documentos arrimados al voluminoso expediente, Enzo Cardozo y luego Rodi Godoy firmaban la resolución de transferencia sin que se constara la rendición de cuenta de la anterior entrega. Luego, para disimular, la Fenaprofhp presentaba una larga lista de supuestos beneficiarios. Se acudía al sencillo expediente de falsificar las firmas. También la ley exige la presentación de tres presupuestos de las mercaderías a adquirirse. La Fenaprofhp lo hacía puntualmente, solo que los presupuestos salían de un mismo comerciante que tenía a su nombre tres casas comerciales. Luego se aceptaba el precio “más bajo” y se ordenaba la compra. Cuando se dictó la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Luz Martínez, destacó la cantidad inusual de pruebas documentadas. En efecto, un excelente trabajo de investigación de la entonces fiscal Claudia Criscioni, hoy juez, acopió documentos que necesariamente tenían que conducir a la condena de los procesados, menos a uno de los principales, Enzo Cardozo, porque tiene el amparo indisimulado de la Corte Suprema ¿de Justicia? La Procuraduría General debe seguir con la acción de: al Estado lo que es del Estado.