Un total de 156 entes eluden control
Un total de 156 administraciones municipales, gobernaciones y otras entidades públicas han recurrido a acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar rendir cuentas del gasto público ante la Contraloría General de la República (CGR).
Así lo confirmó ayer el contralor Enrique García (imputado y con juicio político pendiente) al divulgar una lista con casos desde el 2003 a la fecha.
Entre los casos más notados están las municipalidades de Ciudad del Este, San Lorenzo, Lambaré y Villa Elisa en 2003. También están el entonces gobernador de Ñeembucú y diputado Pedro Alliana (ANR) y las gobernaciones de Central en 2017 y de Canindeyú en 2018.
García anunció ayer que, a raíz de esta situación, buscarán reunirse con las autoridades del Poder Judicial para buscar una solución y recuperar la atribución constitucional de la Contraloría General de controlar el gasto público.
Partidos políticos
Por otro lado, García cuestionó ayer la rendición de los aportes y subsidios estatales que los partidos políticos remitieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ente que a su vez envió dicho informe para su revisión al ente contralor.
En el marco del cumplimiento de la nueva ley de Financiamiento Político, García cuestionó que los informes no determinan si los gastos incurridos por los mismos fueron realizados con fondos públicos o privados. Anunció que, por ese motivo enviarán 61 notas a todos los partidos para aclaren esos gastos.
“Ya no queremos ser pasapapeles”, dijo, e indicó que la ley de Financiamiento les exige este control.