Sanear las empresas públicas.

El Gobierno ha anunciado la contratación de una empresa auditora calificada a los efectos de llevar a cabo una exhaustiva auditoría de gestión de las empresas públicas, no necesariamente circunscripta a la administración de Horacio Cartes, sino también a la atinente al actual Gobierno, a fin de esclarecer cuestionamientos surgidos de ciertos sectores de interés en cuanto a las flamantes administraciones de Petropar y la Industria Nacional del Cemento (INC). Desde sus orígenes, ambas empresas públicas se han caracterizado negativamente como proveedoras de bienes de crítica importancia para el desarrollo del país. El marco de corrupción dentro del cual fueron implantadas y la ineficiencia de gestión con que arrancaron configuran el pecado original del que hasta ahora no han podido ser exorcisadas. Como herencia del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, llevan tres décadas bajo administración de Gobiernos democráticamente electos, sin que por ello hayan podido escapar de las nefastas redes de la deshonestidad y la inoperancia dentro de las cuales nacieron y se mantienen hasta hoy día. Es de esperar que la anunciada auditoría externa no sea una mascarada más y se la lleve adelante “caiga quien caiga”, al decir del Presidente de la República.

El Gobierno ha anunciado la contratación de una empresa auditora calificada a los efectos de llevar a cabo una exhaustiva auditoría de gestión de las empresas públicas, no necesariamente circunscripta a la administración de Horacio Cartes, sino también a la atinente al actual Gobierno, a fin de esclarecer cuestionamientos surgidos de ciertos sectores de interés en cuanto a las flamantes administraciones de Petropar y la Industria Nacional del Cemento (INC). Desde sus orígenes, ambas empresas públicas se han caracterizado negativamente como proveedoras de bienes de crítica importancia para el desarrollo económico del país. El marco de corrupción dentro del cual fueron implantadas y la ineficiencia de gestión con que arrancaron configuran el pecado original del que hasta ahora no han podido ser exorcizadas. Como herencia del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, llevan tres décadas bajo administración de Gobiernos democráticamente electos, sin que por ello hayan podido escapar de las nefastas redes de la deshonestidad y la inoperancia dentro de las cuales nacieron y se mantienen hasta hoy día. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque, después de casi 30 años, los gobernantes civiles democráticamente electos al amparo de la libertad no han quebrado el corrupto molde forjado por el dictador. En vez de eso, más bien lo han recubierto con un oropel democrático para seguir estafando al Estado con más desembozo que antes, empezando con Juan Carlos Wasmosy (el barón de Itaipú, quien prometió hacer progresar al país 50 años en cinco), terminando con el expresidiario devenido presidente de la República Horacio Cartes, quien con su “nuevo rumbo” convirtió al Paraguay en un paraíso de gánsteres, y pasando por otros igualmente inútiles y corruptos que han ocupado desde entonces el Palacio de López. Con relación a Petropar, el presidente Mario Abdo Benítez designó como titular a Patricia Samudio, quien denunció un daño patrimonial de US$ 2 millones, causado supuestamente por la mala gestión de sus antecesores: Eddie Jara y William Wilka, con relación a la irregular compra de gas de la firma Refirnor, objetada en su momento por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y a un contrato suscrito por Petropar el 22 de julio de 2016 con la empresa Glencore Internacional AG, por el cual esta se comprometió a proveer como mínimo 60.000 metros cúbicos de gasoíl tipo A/C, hasta un máximo de 120.000 metros cúbicos. La nueva titular también denunció que la administración de Jara optó por mantener en un banco privado US$ 45 millones, con una tasa de interés anual de 2,4 por ciento, en vez de pagar parte de la deuda contraída con la petrolera venezolana PDVSA. Llamativamente, el extitular del ente, con el presto apoyo de políticos que fueron favorecidos por el mismo con la habilitación de estaciones de servicio con el emblema de la estatal y que aún adeudan pagos por la provisión de combustibles a crédito, en vez de rebatir las acusaciones de mal desempeño en el cargo, optó por el expeditivo recurso de responder a los cuestionamientos de su administración contraatacando con similar argumento. Acusó a la presidenta Samudio de haber vendido 7,5 millones de litros de gasoíl a la empresa Monte Alegre SA, propiedad del asesor “ad honorem” del presidente Abdo Benítez, Conrado Hoeckle, apenas dos días antes de que la estatal aumentara el precio del combustible. Sin embargo, dicho aumento fue anunciado con antelación por la propia Samudio, de modo que cualquiera de los emblemas de plaza tenía la opción de hacer lo mismo que Monte Alegre, especulando legítimamente con la inminente subida de precio, ya puesta en práctica por los emblemas privados. Sin embargo, uno de los cargos formulados en contra de la administración de la señora Samudio que ha quedado en un cono de sombras a falta de explicación convincente por su parte, es el relativo a la curiosa compra de 4.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) de una firma privada local, argumentando falta de stock, como si la imposibilidad de atender momentáneamente la demanda de este insumo desencadenaría una catástrofe nacional, habida cuenta de su abundante disponibilidad en plaza (Petropar maneja menos del 10% del mercado). Así, la precipitada voluminosa compra hecha por la empresa no justifica la urgente necesidad invocada por la presidenta para abastecer al mercado doméstico, independientemente de su mayor o menor costo que uno importado en plazo razonable, y que haya seguido el proceso de licitación para el efecto. En cuanto a la INC, de pésima gestión administrativa durante el Gobierno de Horacio Cartes, tanto en la compra de insumos industriales como en la venta de cemento pórtland, pasando por los más de US$ 80 millones gastados para el cambio del sistema de combustible empleado en el proceso de calcinación de su planta industrial de Vallemí e instalaciones complementarias en su planta de molienda de clínker de Villeta, apenas iniciado el nuevo Gobierno ya volvió a sus conocidas andanzas: el 22 de octubre del corriente año, la INC, bajo la presidencia interina de César Bogado, pagó a la empresa de seguridad Paraguay Security SA US$ 1,5 millones por la provisión de 4.831 toneladas de coque. La compra no tendría ninguna particularidad si no fuera por el llamativo hecho de que la firma no está dedicada a tal menester, sino más bien a una actividad que ni por asomo tiene relación con el suministro del conocido insumo industrial utilizado hoy en el horno de calcinación de la materia prima. Es más, siempre dentro del sugestivo marco de contratación vía excepción, la INC llamó a una licitación para la compra de clínker por US$ 6 millones al consorcio Sanfil-Scientific GT, que fraudulentamente presentó un certificado de representación de la fabricante Cemco Cement Trading SL, con sede en Turquía. Por nota a la INC, fechada el pasado 26 de octubre, esa empresa negó que la firma paraguaya oferente esté autorizada a ofrecer clínker comercializado por ella. Ante consultas periodísticas, el presidente de la estatal, ingeniero Javier Ríos, optó en principio por guardar un sospechoso silencio, aunque después de la publicación aclaró que la INC, al detectar la irregularidad, no llegó a adjudicar la licitación. Es de esperar que la anunciada contratación de una auditoría externa para investigar la administración de las empresas públicas no sea una mascarada como las acostumbradas durante la gestión del anterior Gobierno, y se la lleve adelante “caiga quien caiga”, al decir del Presidente de la República.