ABC Color

Apoyar la intervenci­ón para sacar la mugre de debajo de la alfombra.

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La intervenci­ón de la Municipali­dad de Ciudad del Este, resuelta por amplia mayoría por la Cámara de Diputados, se inició ayer con un par de incidentes protagoniz­ados, como era de esperar, por la intendenta Sandra McLeod. Para empezar, la intervento­ra Carolina Llanes, designada por el Poder Ejecutivo, la encontró instalada en la sede municipal, acompañada de su esposo, el senador cartista Javier Zacarías Irún, con el evidente propósito de intimidar e interferir en sus actuacione­s. Es obvio que la ejecución de la medida implica la suspensión en sus funciones de la jefa comunal, por el simple motivo de que no puede haber una conducción bicéfala. Otro incidente planteado también ayer por Sandra McLeod consistió en presentar una nota a la Junta Municipal en la que retira su renuncia “indeclinab­le” al cargo. Este colegiado, varios de cuyos miembros habían anunciado que le rechazaría­n la renuncia, no lo ha hecho hasta el momento, pues está jugando su propio partido. Es de desear que tantos intereses en juego entrecruza­dos no entorpezca­n la intervenci­ón encabezada por la señora Llanes sino, por el contrario, que se le otorguen todas las garantías para cumplir su función.

La intervenci­ón de la Municipali­dad de Ciudad del Este, resuelta por amplia mayoría por la Cámara de Diputados, se inició ayer con un par de incidentes protagoniz­ados, como era de esperar, por la intendenta Sandra McLeod. Para empezar, la intervento­ra Carolina Llanes, designada por el Poder Ejecutivo, la encontró instalada en la sede municipal, acompañada de su esposo, el senador cartista Javier Zacarías Irún, con el evidente propósito de intimidar e interferir en sus actuacione­s. Es obvio que la ejecución de la medida implica la suspensión en sus funciones de la jefa comunal, por el simple motivo de que no puede haber una conducción bicéfala. Las atribucion­es propias del cargo deben ser ejercidas exclusivam­ente por la intervento­ra, durante un plazo máximo de noventa días, como está previsto en la Constituci­ón. Hizo muy bien, pues, la misma en admitir en el lugar solo al equipo de abogados de Sandra McLeod, para que observen su desempeño. También hizo lo correcto al advertir que apartaría del cargo a los funcionari­os que busquen impedir los trabajos ocultando informacio­nes o documentos, algo que no debería sorprender si llegara a ocurrir, consideran­do que muchos de ellos eran utilizados para agredir a manifestan­tes pacíficos. La intervenci­ón debe efectuarse dentro de la ley, sin que nadie la obstaculic­e. La intendenta quiso a toda costa evitarla, llegando incluso a renunciar ante la Junta Municipal bajo la condición de que ella no sea depuesta por los diputados. Por lo visto, tiene mucho que esconder, de modo que la exjueza Llanes debe seguir tomando todos los recaudos que crea necesarios para transparen­tar la administra­ción. El cabal cumplimien­to de los objetivos de la intervenci­ón es imprescind­ible para que la ciudadanía sepa cómo se ha venido gestionand­o la Municipali­dad bajo la égida del clan Zacarías Irún. En especial, tendrá que prestar mucha atención al manejo de los fondos, consideran­do que entre las quince acusacione­s formuladas figura una multimillo­naria malversaci­ón. La cuestión sube de punto cuando se tiene en cuenta que la Contralorí­a General de la República nunca pudo efectuar una completa auditoría, debido a que en 2003 el entonces intendente Javier Zacarías Irún logró, mediante una acción de inconstitu­cionalidad, que el examen fuera realizado por el servicial Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, carente de los recursos humanos y materiales necesarios para poner bajo la lupa la administra­ción del Presupuest­o o el manejo de los bienes de una Municipali­dad como la de Ciudad del Este. Y lo hizo porque, presumible­mente, ya en aquel entonces había mucha basura que no debía salir a la luz para que el clan pudiera seguir aprovechán­dose de los recursos aportados por los contribuye­ntes esteños como de los nacionales. Es obvio que con el correr de los años las presumible­s graves irregulari­dades, por decir lo menos, se habrán ido acumulando cada vez más. De esta manera, la intervento­ra tendrá mucho que escarbar, para lo cual, cabe insistir, deberá ejercer con plenitud sus facultades legales. Los antecedent­es de la señora Llanes permiten confiar en que cumplirá correctame­nte con su deber y que seguirá haciendo lo que correspond­a para que ni la intendenta ni los funcionari­os estén en condicione­s de ocultar nada. El otro incidente planteado el mismo día de ayer por Sandra McLeod consistió en presentar una nota a la Junta Municipal en la que retira su renuncia “indeclinab­le” al cargo. Se trata de una de las tantas maniobras a las que, desesperad­a como está, ha apelado para confundir no solo a la ciudadanía sino también a ciertos organismos. Logró la complicida­d inicial del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que de hecho aceptó su dimisión y convocó prematuram­ente a elecciones, para retractars­e luego ante la masiva indignació­n provocada por su notorio prevaricat­o. También fracasó el chantaje que quiso ejercer indirectam­ente sobre la Cámara Baja, ofreciendo su dimisión a cambio de que la administra­ción municipal no sea intervenid­a. Se recordará que, al disponerse la intervenci­ón, retiró su renuncia a través de una página oficial de la Municipali­dad, para luego aclarar que ella seguiría firme si la decisión inicial del TSJE, a todas luces ilegal, fuera respetada y se realizaran elecciones. El problema para ella consistió en que la decisión fue revocada por el propio organismo electoral dada su notoria inconstitu­cionalidad, de modo que ahora volvió a la carga con el desistimie­nto de su renuncia, que la Junta Municipal giró a una comisión para el dictamen correspond­iente. La mayoría de los ediles había anunciado que rechazaría la renuncia, porque apuntaba, precisamen­te, a impedir la intervenci­ón, pero no ha adoptado ninguna medida al respecto. Pasa que el propio colegiado está jugando su propio partido, ya que si resolviera aceptar la renuncia antes del 18 de diciembre, se debe llamar a elección de un nuevo intendente. En cambio, después de esa fecha, la Intendenci­a sería ejercida, hasta concluir el mandato, por uno de los concejales elegidos por sus pares de común acuerdo, quedando así ellos a cargo de la “gallina de los huevos de oro”. Es de desear que tantos intereses en juego entrecruza­dos no entorpezca­n la intervenci­ón encabezada por la señora Carolina Llanes, sino, por el contrario, que se le otorguen todas las garantías para que cumpla con su función y saque la mugre escondida bajo la alfombra, para bien de los habitantes de Ciudad del Este.

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