La Municipalidad no debe perseguir a la gente que quiere trabajar.

Desde su creación y puesta en funcionamiento en Estados Unidos hace casi una década, el sistema de transporte de pasajeros denominado UBER conquistó el mercado, no solamente en ese país sino en muchos otros. En el Paraguay, esa marca pudo registrarse, pero aún no pudo entrar a trabajar formalmente debido a los obstáculos que le interpone la Municipalidad de Asunción. Además, técnicos paraguayos crearon una aplicación informática para prestar un servicio alternativo muy parecido, que se conoce como MUV, también registrado formalmente pero que sufre igualmente apremios de parte de funcionarios comunales. Últimamente, funcionarios municipales han venido realizando un operativo encubierto para detener y sancionar a unidades que prestan el servicio de transporte bajo la plataforma local, si bien esta semana el intendente Mario Ferreiro prometió dejar de perseguir a los “muvers”. Antes de poner obstáculos a quienes quieren trabajar, la Intendencia y la Junta Municipal de Asunción deben facilitarles su regularización, que es como realmente van a servir a los asuncenos y no a sectores privilegiados.

Desde hace casi una década, en EE.UU. se creó y puso en funcionamiento un nuevo sistema de transporte al servicio del público al que denominaron UBER, que muy rápidamente, dado su esquema muy práctico y sencillo, conquistó el mercado, no solamente en ese país sino en muchos otros. En la actualidad, ya opera en alrededor de 80 países y unas 700 ciudades. En Sudamérica, funciona en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Utilizan sus servicios más de 45 millones de clientes en el mundo, con un crecimiento veloz notable.

En nuestro país, como siempre, la marca UBER pudo registrarse, pero aún no pudo entrar a trabajar formalmente debido a los obstáculos que le interpone la Municipalidad de Asunción. Además, técnicos paraguayos crearon una aplicación informática para prestar un servicio alternativo muy parecido, que se conoce como MUV, la app local de viajes que conecta a automovilistas que desean transportar pasajeros con los usuarios, registrada formalmente, aunque también sufre apremios de parte de funcionarios comunales.

Este tipo de empresas y el servicio de transporte que prestan difiere del tradicional de los taxis en la simplicidad de su régimen de comunicaciones y trabajo; aunque lo más atractivo es, sin duda, la seguridad que ofrece al pasajero en cuanto a que este puede saber quién le transporta, cuánto exactamente va a pagar por el viaje –un costo más bajo, según los propietarios– y hasta escoger la capacidad y características de los vehículos que necesita.

Pero esta innovación, que tanto favorece al consumidor local, como sucedió con otros servicios que pretendieron introducirse en el país para competir regularmente –recuérdese tan solo el caso de la absurda oposición a las operaciones de los camiones bitrenes–, choca con las presiones de los sectores locales afectados, temerosos de la competencia, que mueven sus influencias políticas ante las autoridades gubernamentales, las que ceden y frustran o dificultan los nuevos servicios.

Últimamente la Municipalidad capitalina ha venido realizando un operativo encubierto para detener y sancionar a unidades que prestan el servicio de transporte bajo la plataforma MUV. Pese a la reacción unánime de la gente, expresada a través de las redes sociales, los inspectores de la comuna seguían amenazando con interrumpir su operación, alegando que se trata de un “servicio de transporte público de pasajeros, en abierto incumplimiento de las ordenanzas vigentes en esa materia”, pero el intendente Mario Ferreiro prometió esta semana dejar de perseguir a los “muvers”.

Para juzgar la sinceridad de esta intervención municipal, sería suficiente observar cómo circula por las calles esa multitud de vehículos en infracción a las reglas del tránsito, comenzando por los camiones y camionetas de carga de la propia Municipalidad, que transportan a sus obreros en las carrocerías, lanzando humo negro por doquier.

Resulta que cuando esas autoridades se proponen trabar una iniciativa, por el motivo que fuese, se acuerdan de los reglamentos y las exigencias, poniéndose en plan de estrictos legalistas. En este caso, el motivo parece consistir en la presión de los agremiados en la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), de la que se dice que administra unas 79 paradas y asocia a 3.000 taxistas, entidad que goza de privilegios con una multitud de ventajas, como las de ejercer un monopolio de hecho, disponer de espacios exclusivos en la vía pública y estar exonerada de tasas especiales. Desde el punto de vista de las autoridades municipales y políticas, hay motivos para tratar con deferencia al “enjambre amarillo” –como suelen autodenominarse los taxistas en sus manifestaciones callejeras– ya que esos vehículos son de valiosa ayuda en los días de elecciones, para trasladar a los partidarios hasta los locales de votación. Inclusive, el exintendente

Arnaldo Samaniego llegó a designar director de Tránsito al cuestionado titular de la APTA, Arístides Morales, para tenerlo “oficialmente” a su disposición.

Cabe inferir, entonces, que los obstáculos que la Municipalidad de Asunción está poniendo a estas innovaciones empresariales, como el MUV y el UBER, no son otra cosa sino maniobras malintencionadas destinadas a proteger los intereses de un gremio “socio”, superprivilegiado, con el cual mantienen una antigua confabulación. La asociación mafiosa “taxistas-políticos” funciona armónicamente desde hace mucho tiempo; desde la época de la dictadura de Stroessner, concretamente.

Si es que las autoridades comunales quisieran francamente aferrarse a la ley –lo cual es bastante dudoso, por lo dicho antes–, deberían comenzar por leer el art. 107 de la Constitución, que dice claramente que “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”. Y agrega que “Se garantiza la competencia en el mercado”. Si esta norma se respetara, ya tendría que haberse desmontado el monopolio de hecho que conforman los taxistas y favorecer la libre competencia en la prestación del servicio.

La población del área metropolitana de Asunción se duplicó en tan solo pocos años. Actualmente tiene alrededor de 2.300.000 habitantes, en una vasta superficie que cubre unos 929 km², que es la más densamente poblada del país. Por tanto, deberían ser bienvenidas todas las iniciativas que permitan una mayor comodidad para quienes deben trasladarse de un lugar a otro para cumplir con sus actividades.

Antes que poner obstáculos a quienes quieren trabajar,

la Intendencia y la Junta Municipal de la Municipalidad de Asunción deben facilitarles su regularización, que es como realmente van a servir a los asuncenos y no a sectores privilegiados.