Diputado Miguel Cuevas
La fiscala Josefina Aghemo fue designada para investigar al diputado colorado Miguel Cuevas (ANR-Añeteté), quien actualmente es presidente de la Cámara Baja.
La fiscala adjunta anticorrupción Soledad Machuca dispuso la apertura de una investigación penal contra Cuevas, por la segunda denuncia en su contra sobre malversación de G. 1.200 millones en concepto de combustibles durante el 2016 cuando era gobernador del departamento de Paraguarí (2013-2017).
Según los datos, se emitieron órdenes de trabajo para vehículos que estaban en desuso, e igual cargaban combustible.
Esta denuncia fue presentada por el concejal Ezequiel Cáceres López (PDP) por supuesta lesión de confianza y también por enriquecimiento ilícito, debido a su meteórico crecimiento económico.
Esta es la sexta denuncia contra Cuevas sobre presunta lesión de confianza, a la que se le suma ahora enriquecimiento ilícito en la función pública.
Anteriormente, logró zafar otra denuncia por lesión de confianza que se refería a un faltante de G. 40.000 millones en la Gobernación, que eran recursos que debían destinarse a obras y merienda escolar.
En octubre, consiguió que el juez Blas Cabriza y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción de Paraguarí, desestimen la denuncia de los G. 40.000 millones, razón por la cual el demandante, el concejal Cáceres, recurrió a la Corte.
Cuevas cuando fue gobernador de Paraguarí, antes de convertirse en diputado, pasó de tener una modesta casa en la ciudad de Sapucái, a una mansión que ocupa toda una manzana.
La vivienda tiene edificaciones de dos plantas, dos entradas de vehículo, quincho, piscina y hasta ascensor para acceder al segundo piso. El diputado habría hecho refacciones por G. 1.000 millones, según la denuncia presentada.
Asimismo, expresa que Cuevas tenía dos establecimientos ganaderos en el 2013 y para 2016 adquirió tres inmuebles más por G. 954.532.000.
También tiene otra lujosa casa en el barrio Villa Morra de Asunción, donde vive con su esposa Nancy Dejesús Florentín y sus seis hijos. La esposa es acusada de planillera.
El legislador dijo que solicitaría su desafuero porque no tiene “nada que ocultar”, aunque luego dijo que se trataba de una persecución política. Fue poco después de la apertura de la carpeta fiscal. Sin embargo, no especificó cuándo lo haría. A dos meses de esas declaraciones, aún no tomó la iniciativa de pedir a sus colegas votar por su desafuero y ponerse a disposición de la justicia.