Senador Dionisio Amarilla
El senador llanista Dionisio Amarilla es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La denuncia fue presentada el 25 de julio por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, porque su nivel de vida no condice con los salarios recibidos siendo funcionario público, ya que es el único sector en el cual trabajó.
El exfuncionario de la UNA tiene una residencia valuada como mínimo en unos US$ 300.000 y una casa quinta en Ñemby, valuada en más de G. 1.500 millones, una camioneta Land Cruiser adquirida por G. 706 millones, poco después de culminar su campaña para el senado, en la que habría gastado G. 1.800 millones, según estimó una Ong.
La Fiscalía había solicitado a la Contraloría General de la República la correspondencia de bienes del denunciado. Pero, irónicamente, la encargada de elaborar dicho informe es nada menos que la esposa de Amarilla, la directora de Declaraciones Juradas, Analy Valiente.
Amarilla está vinculado a una firma constructora denominada BGF S.A., pero su nombre no aparece en la nómina de directivos, solo se observa como encargado al arquitecto Blas Gustavo Franco.
Dicha empresa fue adjudicada por la Gobernación de Neembucú durante la administración del liberal llanista Carlos Silva (padre del diputado Carlos Silva Rivas), con varias obras que no se realizaron o son muy precarias.
Amarilla era un humilde y entusiasta dirigente estudiantil de la Facultad de Economía que comenzó su carrera laboral como contratado en la UNA, de la mano del exrector Darío Zárate Arellano.
Gracias a su cercanía con la máxima autoridad rápidamente se ubicó como administrador de la UNA, cargo en el que se atornilló por dos décadas, periodo en que ubicó a sus parientes y esposa en distintos puestos dentro de la función pública. Después, se postuló a diputado (2013-2018) y luego, desde julio de este año, ocupa una banca como senador.
El 29 de octubre, se presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el senador liberal Dionisio Amarilla, por producción de documentos públicos de contenido falso, en alusión al doble voto emitido en la sesión del 26 de octubre.
El abogado Theodore Stimson encabezó la iniciativa, que se fundamenta en el artículo 251 del Código Penal, como también en varios artículos de la Constitución Nacional. Stimson sostuvo en su escrito que cada legislador está obligado a actuar de acuerdo a la Constitución Nacional en igualdad, “sin votos múltiples o privilegiados, sino un voto cada uno”.
El pasado 12 de noviembre, la fiscala Sonia Mora lo citó a declarar, ocasión en que se ratificó en su denuncia.