Más sospechoso que nunca, diputado Rivas chicaneó todo para salvarse
El diputado de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, Cartista) fue imputado por inscribir como funcionarios del Congreso a tres empleados particulares. Los peones ya fueron acusados por la Fiscalía, pero el legislador se blindó con todo tipo de chicanas y la protec
El caso de Rivas es similar al fraude de los “Caseros de Oro”, el proceso que acabó en la renuncia del exdiputado de Central José María Ibáñez (ANR, abdista).
Ibáñez había admitido el delito de inscribir como funcionarios del Congreso a los peones de su quinta; quedarse con sus salarios y falsificar planillas de asistencia, pero fue blanqueado por un acuerdo con la Fiscalía y el Poder Judicial.
Tomas Rivas también inscribió como funcionarios del Poder Legislativo a los empleados particulares de su negocio y estancia en Paraguarí y de una residencia familiar en Lambaré. El caso salió a luz gracias a una investigación periodística.
Solo los peones
La fiscala Yolanda Portillo imputó al parlamentario y a sus cómplices. El legislador fue procesado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso porque “certificaba” las asistencias de los empleados.
Sin embargo, solo los tres peones alcanzaron la categoría de acusados. El proceso con relación al diputado cartista ni siquiera se inició, debido a que judicializó hasta la nota en que el Ministerio Público comunica la imputación a la Cámara de Diputados.
Con este ardid, sus colegas decidieron rebotar el pedido de desafuero del entonces juez Rubén Riquelme, con la excusa de que el mismo apeló la remisión de ese oficio y pidió la nulidad de la imputación.
Es decir, pese a estar imputado por la Fiscalía, no puede ser “desaforado” en el Congreso ni acusado ante el Poder Judicial.
Autoblindaje
Paralelamente, en la Cámara de Diputados se intentó aprobar una nueva ley de “Autoblindaje” para que los legisladores solo puedan ser destituidos con un fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Otro artículo decía que los casos de tráfico de influencia primero debían tener sentencia firme del Poder Judicial, pese a que un proceso judicial puede durar más de cinco años. El repudio ciudadano frenó la iniciativa.
Sin embargo, el debate se prolongó adrede para impedir que cualquier legislador enfrente un pedido de perdida de investidura.