Mota-Engil debe pagar antes que cobrar.

Mota-Engil, la firma portuguesa contratada por el MOPC para construir los tramos 2 y 3 del polémico proyecto Metrobús, cuyo plazo contractual para el completamiento de los trabajos feneció ayer, pretende cobrar al Estado US$ 18 millones adicionales a los 23 millones ya percibidos hasta la fecha en concepto de anticipo y pago por certificados de obras. El ministro Arnoldo Wiens le comunicó oficialmente a la empresa que cumplido el plazo mencionado no habrá agenda para prórroga del mismo, al tiempo de rechazar el reclamo de pago realizado en concepto de resarcimiento por perjuicios ocasionados por supuestas demoras en la liberación de parcelas de terrenos afectados por los trabajos de construcción de la vía por parte del MOPC. La tajante negativa del ministro tiene su respaldo en un informe de un organismo investigador del propio BID, según el cual el representante de la institución en nuestro país, el brasileño Eduardo Almeida, incumplió no solo las exigencias en cuanto a impacto ambiental, sino también al financiar un proyecto que no cumplía con las exigencias previas. Lo que ahora resta es que el ministro Wiens impulse una exhaustiva investigación en su propia cartera para identificar a los responsables y remitir los antecedentes a la Justicia.

Mota-Engil, la firma portuguesa contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de los tramos 2 y 3 del polémico proyecto Metrobús –actualmente suspendido sine die–, cuyo plazo contractual para el completamiento de los trabajos feneció ayer, 23 de diciembre, pretende cobrar al Estado US$ 18 millones adicionales a los US$ 23 millones ya percibidos

hasta la fecha en conceptos de anticipo y pago por certificados de obras. El monto reclamado corresponde supuestamente a resarcimientos por demora del MOPC en liberar y poner a su disposición parcelas (públicas y privadas) de la franja de dominio de la Ruta 2 afectada por los trabajos de construcción.

Como lo señaló nuestro diario en su oportunidad, en su descargo “ex post facto” Mota-Engil puso al descubierto la métrica del fraude embebida en la cláusula 8 del contrato pertinente que habla de que todo retraso en liberar la franja de dominio correspondiente para la intervención del tramo devengará sobrecosto adicional, más utilidades, y le dará derecho a la contratista a reclamar la concomitante extensión del plazo de completamiento de la obra. Esta ladina cláusula posibilita el fraude por parte de los concusionarios del MOPC, quienes, en colusión con la contratista, demoran intencionalmente la tramitación administrativa para liberar

las parcelas afectadas por el proyecto presumiblemente a cambio de coimas por parte de esta que, obviamente, se queda con la parte del león con el monto a reclamar con posterioridad al MOPC. Fue por medio de esta estratagema que a finales de la gestión del ministro Ramón Jiménez Gaona , el MOPC reconoció a Mota-Engil un aumento del 34,4 por ciento sobre el monto del contrato original, que así pasó de G. 300.417 millones a G. 403.900 millones (unos US$ 70 millones al cambio actual), cuando el avance de vía terminada del tramo de 11,5 kilómetros que tienen en conjunto los tramos 2 y 3, apenas alcanzaba los 800 metros.

Al respecto del reclamo de más cobro presentado por Mota-Engil el pasado 13 de agosto, juntamente con la notificación de paro de actividad hasta que el MOPC atendiera sus reclamos, finalmente el pasado miércoles 19 de los corrientes el ministro Arnoldo Wiens decidió cortar el nudo gordiano. En reunión con directivos de la firma portuguesa, el titular de la cartera de Estado les comunicó oficialmente que cumplido el plazo contractual no habrá agenda para prórroga del mismo, al tiempo de rechazar el reclamo de pago formulado por la empresa en concepto de resarcimiento por perjuicios ocasionados por supuestas demoras en la liberación de parcelas de terrenos (públicos y privados) afectados por los trabajos de construcción de la vía por parte del MOPC. “Ellos (Mota-Engil) no siguen. Ya no vamos a realizar ninguna adenda para prorrogar. El contrato vence el domingo 23 de diciembre y el compromiso de ellos es pagar todas las cuentas de las subcontratadas”, declaró el ministro a la prensa.

En cuanto al reclamo del nuevo cobro, el ministro manifestó que la decisión del Gobierno es no realizar ningún pago. “Van a ir los reclamos por su carril jurídico seguramente”, señaló. Por su parte, el gerente del proyecto

Metrobús, Óscar Stark, aclaró que los reclamos de la contratista se definirán mediante un arbitraje internacional, como está establecido en el contrato. “Nosotros no estamos de acuerdo en pagar los US$ 18 millones; esa es la realidad. Ellos dicen que sí y que tienen para justificarlo, pero deben recurrir a las instancias establecidas en el contrato”, sostuvo el alto funcionario.

La tajante negativa del ministro Wiens a reconocer el pago reclamado por Mota-Engil tiene un respaldo incuestionable: el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) remitido al ingeniero Augusto Ríos Tonina

–el principal denunciante del fraudulento proyecto Metrobús–, confirmando de modo contundente que en la administración del contrato de marras hubo anomalías y violaciones de normas internas del propio BID.

Según dicho informe, el representante del BID residente en nuestro país, el brasileño Eduardo Almeida, incumplió no solo asegurar que el proyecto contara con un estudio previo de factibilidad y de impacto ambiental, así como de daños colaterales a los residentes y comerciantes asentados a la vera del trayecto del metrobús intervenido por la constructora Mota-Engil, con previsiones para mitigar dichos perjuicios sociales y económicos. El informe de referencia señala que el BID incumplió su propia directiva básica al financiar una operación que no cumplía con sus exigencias. Según el ingeniero Ríos Tonina, “este informe admite que el proyecto debe ser rediseñado (…) La fiscalía va a tener que imputar al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona”.

Por otra parte, estimaciones extraoficiales dan cuenta de que el daño patrimonial al Estado ocasionado hasta ahora por el proyecto Metrobús asciende a unos US$ 50 millones. Este monto fue gastado en amañados contratos de consultoría sugeridos y aprobados por el citado representante del BID en Paraguay, de menguado antecedente de gestión en Haití, a comienzos de la década del 2000, sumados a lo pagado a Mota-Engil por los certificados de trabajos emitidos por la misma y aprobados por los supervisores del MOPC.

Lo que ahora resta con relación al fallido proyecto de transporte público de pasajeros es que el ministro Arnoldo Wiens impulse una exhaustiva investigación a nivel de auditoría interna de su cartera a fin de identificar a los responsables de la gran estafa perpetrada contra el Estado por los concusionarios que tuvieron a su cargo la administración del fraudulento proyecto en aparente colusión con los directivos de la empresa portuguesa, y remitir los antecedentes a la justicia para el castigo de los mismos, entre quienes no pueden faltar su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, el exviceministro de Obras Juan Manuel Cano Fleitas, el exgerente Guillermo Alcaraz y el coordinador, ingeniero José Tomás Rivarola.

Mientras los causantes de graves perjuicios al Estado no sean condenados por la Justicia, sino, por el contrario, quedan en libertad para disfrutar de los bienes malhabidos, continuará abierta una ancha vía para más estafas en perjuicio del contribuyente.