Pasajeros denuncian reguladas de buses
Empresas de transporte nunca respetaron la frecuencia de circulación, opinan usuarios, que perciben ahora una particular regulada. Aun así, transportistas quieren reunirse con el Ejecutivo para solicitar que suba la tarifa del pasaje.
Los buses del transporte público de pasajeros de cada línea deben circular entre 3 y 10 minutos de intervalo en horas pico y fuera de ellas entre 10 y 30 minutos, según las normas regulatorias del sector. Pero en la práctica, las unidades tardan entre 20, 30 y 40’, dependiendo de la línea, según la queja de usuarios.
En varias oportunidades, el Viceministerio de Transporte sancionó a las empresas por no respetar la frecuencia, pero igual siguen haciéndolo. Actualmente se denuncian reguladas, con retrasos incluso de 50 minutos. Se agravó desde que el Gobierno decidió reducir el pasaje del servicio diferencial de G. 3.600 a G. 3.500 así como el subsidio al boleto del servicio convencional.
Una de las quejas es contra la Empresa de Transporte y Turismo (TTL), de Juan Carlos Aveiro, que cubre Asunción-Limpio-Lambaré. La empresa hace 20 años explotaba solamente la Línea 23, pero hace unos 10 años se le adjudicó la Línea 24, luego la Línea 33 y desde agosto del año pasado la Línea 31. Esto causó problemas de frecuencia, según las quejas. Un usuario explicó que deben esperar una hora para salir o regresar a Piquete Cue (Limpio) desde que Aveiro se adjudicó el itinerario de la Línea 24.
Un informe del Viceministerio de Transporte revela que dicha compañía opera con 79 buses, de los cuales 33 corresponden al servicio convencional y 46 al diferencial. Es decir, en total solo tiene un promedio de 19 unidades para cada línea.
Otra transportadora criticada es Lince, de Esteban Dávalos. La misma se adjudicó tres líneas (18, 26 y 52). Tiene 65 buses (43 convencionales y 22 diferenciales). Con 21 unidades cubre cada una de las tres líneas. Según fuentes técnicas, para
respetar la frecuencia deben tener como mínimo 50 unidades para cada línea.
Cambio de sistema
El clamor de los usuarios es que se cambie el sistema porque el actual, que se tiene desde hace décadas, no es bueno. Creen que los empresarios amasan fortunas a costa del sufrimiento de los ciudadanos y del Estado, que inclusive viene subsidiando el servicio desde el 2011, tanto del boleto como la compra de nuevas unidades. Entre 2011 y 2018, 30 empresas se embolsaron poco más de US$ 80 millones en ese concepto.