Demoler las casillas de Av. Quinta.

Si se observa la conducta de la Municipalidad de Asunción, específicamente representada por la voluntad de su intendente Mario Ferreiro, con relación a las obras ilegales y de pésimo aspecto que llevó adelante en la Av. Quinta, aparece la evidencia de que existen iniciativas que los políticos consideran que para ellos valen la pena, aunque vayan en contra de la ley, de la opinión de muchas personas inteligentes y del parecer del vecindario directamente afectado en sus intereses concretos. Las 16 casillas para pequeños comerciantes informales que se construyeron en el paseo de esa avenida, costeadas con dinero de los contribuyentes capitalinos, expresan una actitud desafiante ante la ciudadanía, un gran “qué me importa”, un “hago lo que quiero, llore quien llore”. Es indudable que en esta aventura Ferreiro no estuvo solo, sino que contó con la complacencia de una mayoría en la Junta Municipal y, cuanto menos, el “ñembotavy” del defensor del Pueblo municipal. Las instituciones pertinentes o los vecinos organizados deben procurar una orden judicial para demoler tales casillas, buscando el retorno de ese espacio público a su estado anterior.

Si se observa la conducta de la Municipalidad de Asunción, específicamente representada por la voluntad de su intendente actual, Mario Ferreiro, con relación a las obras ilegales y de pésimo aspecto que llevó adelante en la Av. Acuña de Figueroa o “Quinta”, aparece la evidencia de que existen iniciativas que los políticos consideran que para ellos valen la pena, aunque vayan en contra de la ley, de la opinión de muchas personas inteligentes y del parecer del vecindario directamente afectado en sus intereses concretos.

Las 16 casillas para pequeños comerciantes informales que se construyeron en el paseo de esa avenida, costeadas con dinero de los contribuyentes capitalinos, expresan una actitud desafiante ante la ciudadanía, un gran “qué me importa”, un “hago lo que quiero, llore quien llore”. Es indudable que en esta aventura Ferreiro no estuvo solo, sino que contó con la complacencia de una mayoría en la Junta Municipal y, cuanto menos, el “ñembotavy” del Defensor del Pueblo municipal, que dirige una oficina que, de todos modos, nunca, que se sepa, movió un dedo a favor de los asuncenos, como es su función, según se la define en su anodina ordenanza de creación.

La determinación de edificar las “16 casillas del mbarete”

fue tomada en abierta violación de normas jurídicas de respetable jerarquía, entre ellas la misma Ley Orgánica Municipal (LOM), cuyo art. 134 define, en sintonía con el Código Civil, que: “Son bienes del dominio público, los que en cada municipio están destinados al uso y goce de todos sus habitantes, tales como: a) las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración; b) las plazas, parques, inmuebles destinados a edificios públicos y demás espacios destinados a recreación pública; c) las aceras y los accesorios de las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos a) y b)”.

Pero hay más: la misma norma expresa claramente que “En el caso excepcional en que alguno de estos bienes estén sujetos al uso de ciertas personas o entidades, deberán pagar el canon que se establezca. Sin embargo, LOS ESPACIOS DESTINADOS A PLAZAS, PARQUES, CALLES Y AVENIDAS NO PODRÁN SER OBJETO DE CONCESIÓN PARA USO DE PARTICULARES” (las mayúsculas son nuestras).

Desde hace dos semanas, por consiguiente, este último párrafo yace enterrado bajo la prepotencia y la impunidad. De nada valieron las protestas del vecindario, las críticas de profesionales y entendidos del urbanismo, las advertencias de la prensa ni las acciones concretas tomadas en su contra por 5.000 personas que se consideraron directamente perjudicadas por la obra, quienes, en marzo de 2018, se tomaron la molestia de radicar ante la Municipalidad una solicitud formal para que las casillas, cuya construcción ya había comenzado entonces, sean demolidas, pedido que, según se ve, no mereció siquiera una reflexión de las autoridades. Cabe preguntar: ¿será que el intendente Ferreiro y los concejales conocen la existencia de la mencionada prohibición legal?

Los problemas que pueden derivarse de este acto ilegal y caprichoso de la Intendencia asuncena son muchos y variados. Si solamente se tomara en consideración esto que prescribe la Constitución, en su Art. 107: “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”, y si esta regla se aplicara estrictamente, ¿cómo haría la Municipalidad para negar las solicitudes de instalación de puestos de venta callejera en cualesquiera otros “espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas”, o sea, en los espacios del dominio público municipal?

Este caso obliga a plantearse una y otra vez: ¿cuál es el objetivo que se persigue permitiendo que los escasos espacios libres que aún restan en la ciudad sean usurpados, ocupados, ensuciados, destruidos, anulados para el uso y goce públicos que las leyes establecen en beneficio del interés general?

Se sabe que la Municipalidad cobra licencias, patentes o cánones a todos los que ejercen actividades económicas, sin perdonar a nadie. Los vendedores informales que tienen puestos fijos en la vía pública también deben pagar, obligación que los inspectores hacen cumplir puntualmente, o de negociar con ellos en forma irregular sus exenciones. Entonces, ¿es el afán de recaudar lo que mueve a llevar adelante estas obras en la Av. Quinta?

Sea como fuere, lo cierto es que lo primero y fundamental que debe destacarse en este asunto es su ilicitud. La Municipalidad violó leyes y lo hizo con plena conciencia. Soslayar las normas jurídicas que regulan el orden y la equidad en el seno de la sociedad es grave, pero cuando es la autoridad pública misma la que así actúa, las consecuencias eventuales son muchísimo más perjudiciales y de más largo término.

Frente a estos atropellos, la sociedad no tiene por qué estar inerme ante los abusos autoritarios; puede y debe reclamar por sus intereses burlados, para lo cual se crearon instituciones especiales. Una de ellas, denominada Defensoría del Pueblo, que en nuestro país incluso está duplicada, porque hay una de carácter nacional y otra de carácter vecinal. Y para verificar y sancionar situaciones de malos manejos administrativos en las municipalidades se dispone de tres instituciones con atribuciones suficientes: la Contraloría General de la República, la Justicia contencioso-administrativa y la Cámara de Diputados, que puede disponer intervenciones.

Alguna de estas instituciones ya debería haber tomado cartas en este abusivo caso de la “remodelación” del paseo central de la Av. Quinta y la consecuente alteración del ancho de las calzadas, medidas que implican un claro perjuicio al patrimonio público y a los derechos de las personas.

Las instituciones pertinentes mencionadas o los vecinos organizados deben procurar una orden judicial para demoler las 16 casillas de la desigualdad, buscando el retorno de ese espacio público a su estado anterior. Y más que eso, se debe obligar a los funcionarios responsables –el intendente y los concejales– a responder con sus bienes por los gastos que demanden tales acciones, para que sirva de escarmiento a quienes en el futuro quieran obrar en contra de las leyes, porque la impunidad es una motivación para seguir delinquiendo.