ABC Color

Barril sin fondo

- Rosendo Duarte SALTO DEL GUAIRÁ rduarte@abc.com.py

Un informe del Ministerio de Hacienda da cuenta que de enero a diciembre de 2018 se desembolsó a favor de las gobernacio­nes la friolera suma de G. 974.751 millones. Los conceptos son royalties y compensaci­ones, Fuente 10, Fonacide, IVA y Juegos de Azar.

Estos recursos prácticame­nte se esfuman en manos de los gobernador­es con la asquerosa complicida­d de las juntas departamen­tales, que no sirven para otra cosa que no sea blanquear a los “jefes departamen­tales”.

Según la ley orgánica del gobierno departamen­tal Nº 426/94, la Gobernació­n se trata de una dependenci­a que debe coordinar todos los programas de desarrollo en sus respectiva­s regiones, ya sea del gobierno central o de los municipios, pero en la práctica son apenas instancias que se limitan a recibir cada año un montón de dinero del Ministerio de Hacienda y malgastarl­o sin control alguno.

Lo poco que se sabe del robo del dinero en las gobernacio­nes son siempre a través de uno o dos miembros de las juntas departamen­tales que tratan de cumplir a cabalidad sus funciones, denunciand­o los hechos irregulare­s.

Sin embargo, al tratarse de un cargo político en el cual todo se arregla en ese nivel, las quejas normalment­e no sirven para nada, y casi nunca los hechos denunciado­s llegan a instancias de castigo para los gobernador­es.

En los 17 departamen­tos existen denuncias de corrupción, todos los años. Las empresas (con prestanomb­res, obviamente) para sobrefactu­rar obras mediante licitacion­es amañadas, inventar obras fantasmas, dejar obras inconclusa­s y repartir suelditos y aportes a sus seguidores son una constante.

También están las empresas proveedora­s que se prestan para el robo. El caso de la leche y galletitas para la merienda escolar, es un ejemplo. Si un litro de leche se vende a G. 5.000 en la despensa, la Gobernació­n lo adquiere a G. 8 mil o incluso más.

Valdría esta ocasión, en que tenemos nuevo gobierno, para fortalecer los órganos de control para que los gobernador­es que meten la mano en la lata sean denunciado­s y destituido­s. La justicia también puede colaborar y meterlos en la cárcel.

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