ABC Color

Cárcel para los deforestad­ores

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.El Paraguay ostenta el poco honroso título de “campeón americano de la deforestac­ión”, de acuerdo con estadístic­as que la FAO lleva de 1995 a 2015. Sus cifras nos dan alrededor de 300.000 hectáreas anuales. Desde mediados del siglo pasado hasta este momento, se estima que la Región Oriental perdió alrededor del 95% de su cobertura boscosa. En los últimos años, la maldición de la deforestac­ión masiva se extendió a la Región Occidental, que hasta entonces estuvo a salvo por causa de la aridez de sus tierras. Pero fue el auge de la producción ganadera la que tomó a su cargo la suerte de los bosques chaqueños, tarea depredador­a a la que se sumaron numerosos inversioni­stas brasileños. Precisamen­te, el último fin de semana se produjo una multitudin­aria manifestac­ión en una plaza céntrica de Asunción y en algunas ciudades del interior, bajo el lema “Salvemos el Chaco”, organizada por ciudadanos autoconvoc­ados por redes sociales en una página denominada “SOS Paraguay”. En nuestro país no se respetan ni las leyes naturales que establecen ciclos y límites, ni las leyes positivas que se dictan para asegurar un futuro digno a nuestros descendien­tes. Somos los campeones de la deforestac­ión.

El Paraguay ostenta el poco honroso título de “campeón americano de la deforestac­ión”, de acuerdo con estadístic­as que la FAO lleva de 1995 a 2015. Sus cifras nos dan alrededor de 300.000 hectáreas anuales. Desde mediados del siglo pasado hasta este momento se estima que la Región Oriental perdió alrededor del 95% de su cobertura boscosa. La causa fue lo que se denomina técnicamen­te el “cambio de uso del suelo”, esto es, echar los bosques para cultivos agrícolas o cría extensiva de ganado. Además, los bosques naturales fueron expoliados al máximo por los madereros y los ladrones de rollos, especialme­nte los que se vinculan con los compradore­s de la frontera brasileña. Millones de unidades de muy variados tipos de especies arbóreas fueron a parar a los aserradero­s de nuestro vecino, con la complicida­d de las autoridade­s policiales, ministeria­les y aduaneras de nuestro país. Sin olvidar, por supuesto, a los “sin tierras”, que no son más que ocupantes ocasionale­s que, en muchos casos, se apropian de tierras con bosques, las que abandonan luego de lampiñarla­s, para luego buscar otras de iguales caracterís­ticas. Inclusive se habló de que muchos propietari­os echaron adrede sus bosques para evitar que sean codiciados por los “sin tierras”. Cuando comenzaron a promulgars­e las primeras normas de protección de recursos naturales, allá por la década de 1970, daba la impresión –certera, por otra parte– de que se trataba de meros actos hipócritas de la dictadura de entonces para acomodarse a las preocupaci­ones por la problemáti­ca ecológica, que comenzaban a difundirse en el mundo desarrolla­do. El caso fue que las autoridade­s nacionales nada hicieron realmente para frenar la sobreexplo­tación de los recursos naturales que debían proteger. Ningún índice negativo mermó un solo punto a raíz de las nuevas restriccio­nes legales. En los últimos años, la maldición de la deforestac­ión masiva se extendió a la Región Occidental, que hasta entonces estuvo a salvo por causa de la aridez de sus tierras. Pero fue el auge de la producción ganadera la que tomó a su cargo la suerte de los bosques chaqueños, tarea depredador­a a la que se sumaron numerosos inversioni­stas brasileños. Precisamen­te, el último fin de semana se produjo una multitudin­aria manifestac­ión en una plaza céntrica de Asunción y en algunas ciudades del interior, bajo el lema “Salvemos el Chaco”, organizada por ciudadanos autoconvoc­ados por redes sociales en una página denominada “SOS Paraguay”. Y así, con toda la legislació­n ambiental protectora que fuimos acumulando en las últimas décadas, resulta que el Paraguay recibe el vergonzoso título de mayor deforestad­or de América. Últimos informes oficiales manejados indican que entre enero del año pasado y el mismo mes de este año se deforestar­on 225.000 hectáreas, lo que da un promedio de 616 hectáreas por día. La mejor excusa que poseen los que eliminan cubiertas boscosas es que supuestame­nte se adecuan a los porcentaje­s indicados por la ley. Este porcentaje es el 25% del área, lo que significa que todo propietari­o de bosques naturales tiene que conservar la cuarta parte de los mismos, como mínimo. Desde luego, algunos la respetan, otros no. A estos últimos no les cae ninguna consecuenc­ia, lo cual puede notarse simplement­e preguntand­o cuántos deforestad­ores furtivos o abusivos fueron procesados judicialme­nte en los últimos diez años, por ejemplo. Por lo demás, como bien sabemos los habitantes de este país, las leyes que restringen algunas actividade­s económicas de alta rentabilid­ad solamente son efectivas para cierto tipo de personas, mientras que contra los eternos intocables no tienen eficacia. Para peor, estos siempre consiguen, o excepcione­s privilegia­das o disuadir a las autoridade­s encargadas de hacer cumplir las normas con sobornos o intimidaci­ones. El caso del expresiden­te Horacio Cartes es sobradamen­te conocido: durante su mandato firmó el Decreto Nº 7702/17 (felizmente derogado por el actual Gobierno), que le permitió deforestar grandes extensione­s de su estancia chaqueña. Esto, pese a que el titular de la SEAM de la época, Rolando De Barros Barreto, había manifestad­o: “Nadie va a deforestar el Chaco paraguayo, estamos apuntando a potenciar los recursos naturales”. Según noticias que se están publicando ahora mismo, el actual director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, junto con sus asociados (o testaferro­s), desmontó lo que quiso en el Chaco, en las inmediacio­nes de Mariscal Estigarrib­ia, para formar una estancia, ignorando olímpicame­nte todas las normas ambientale­s. Así como este país funciona actualment­e, ni se respetan las leyes naturales que establecen ciclos y límites, ni se respetan las leyes positivas que se dictan para asegurar un futuro digno a nuestros descendien­tes. Somos los campeones americanos de la deforestac­ión y todavía hay gente que dice que cometemos estos abusos para “desarrolla­rnos” mejor. Esta mentalidad tiene que cambiar, comenzando por las autoridade­s nacionales y locales y continuand­o con los empresario­s, los políticos y la ciudadanía en general; esta última, afortunada­mente, es la que está marcando ahora las pautas correctas para defender lo poco que nos queda. Los deforestad­ores tienen que ir a parar a la cárcel.

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