ABC Color

Esperan novedades de Conare en caso Arrom

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El procurador general de la República, Sergio Coscia, informó ayer que el Gobierno espera la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) del Brasil sobre el pedido de revocatori­a del estatus de refugio de Juan Arrom y Anuncio Martí.

La administra­ción de Mario Abdo Benítez señala como hecho nuevo un habeas corpus que presentaro­n en Asunción los prófugos de la justicia por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en el 2001, Juan Arrom y Anuncio Martí, y que violó la Ley de la Conare.

El vicecancil­ler nacional, Hugo Saguier Caballero, confirmó que los citados exdirigent­es del extinto partido Patria Libre presentaro­n en octubre del año pasado un recurso de habeas corpus, con lo cual vulneraron la normativa brasileña de la Conare.

“Están usando chicanas tratando de frenar lo que correspond­e, que es que vengan a rendir cuentas, presentars­e ante la justicia. No les estamos pidiendo otra cosa. Estos delincuent­es que se han fugado, alegando persecució­n, logrando la protección indebida, deben responder por sus actos ante la justicia”, expresó el vicecancil­ler.

Ante la consulta de si el habeas corpus presentado era el motivo, por representa­r que los mismos se someten a los derechos jurídicos y constituci­onales de nuestro país, violando de esta manera el estatus de refugiado, respondió que “es efectivame­nte así”.

Arrom y Martí huyeron del país a mediados del 2003, cuando estaban a punto de ser sometidos a juicio oral por el secuestro de María Edith. En diciembre de ese año la Conare les dio el refugio (gobierno de Lula da Silva).

El senador Patrick Kemper (Hagamos) afirmó que un grupo de senadores firmará un enunciado oficial para brindar apoyo político al Estado en la batalla por la denuncia internacio­nal del caso Arrom y Martí.

Hagamos cuestiona

Además, el legislador Patrick Kemper criticó ayer que la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo admitiera a un testigo del Estado paraguayo.

Consideró inadmisibl­e que el Estado tenga que resarcir económicam­ente a personas que se demostró tuvieron participac­ión en un rapto. Anunció que probableme­nte la próxima semana se presente un pronunciam­iento del Senado apoyando al Estado.

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