Contraloría, con demoledor informe, detecta más anomalías del clan ZI
El cerco se cierra cada vez más sobre el clan cartista Zacarías Irún. La Contraloría detectó un total de 90 faltas en la administración de Sandra McLeod en la Municipalidad de Ciudad del Este. Se suma al informe de la intervención. Documentos ya están en
Más de G. 3.500 millones fueron pagados por la Municipalidad de Ciudad del Este por obras que carecían por completo de las exigencias técnicas, de acuerdo a lo que detectó la Contraloría.
La firma Constructora Alpe SA, de Alba Marina Penayo Recalde y Esther Recalde Casado, recibió G. 523 millones para la construcción y reparación de aulas y baños de diferentes escuelas de Ciudad del Este. La Contraloría detectó deficiencias y riesgos para la seguridad de las instalaciones eléctricas de esas obras. La misma firma recibió otros G. 257 millones para levantar obras en la escuela Soldado Paraguayo del Km 7 Don Bosco. Allí también se detectaron deficiencias graves.
La exposición de personas al peligro por obras de pésima calidad también se da hasta en la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, según Contraloría. Allí se pagaron G. 84 millones a la firma Itá Morotí SA por trabajos carentes de los requerimientos mínimos.
Estacionamiento tarifado e impuestos
Los auditores hallaron un completo descontrol en el rubro de estacionamiento tarifado. No hay control de ingresos, ni duplicados de los talonarios; una misma hoja puede ser usada varias veces por un mismo cliente y hay un solo fiscalizador para 59 puestos.
En el rubro de impuestos inmobiliarios se encontró que varios ingresos dejaron de percibirse en el 2018 porque habían prescripto por inacción de los responsables. Como ejemplo: seis contribuyentes dejaron de pagar casi G. 88 millones.
Confirmaron que de 226 registros de cobro hallaron que fueron exoneradas personas físicas, empresas y universidades privadas que no tenían porqué haberse beneficiado con exenciones.
Millones para alimentos
La Contraloría se encontró con que se pagó casi 1.250 millones de guaraníes en compra de productos alimenticios sin pedido alguno. Edwin McLeod, encargado de Desarrollo Social, y Mariela González, Jefa Desarrollo Social dijeron que no tenían notas de pedidos internos de las áreas beneficiadas con estos alimentos.
Hallaron además serias deficiencias en la planilla de distribución de los alimentos elaborados en la planta procesadora y que solo en algunos casos se ponía la palabra “entregado” sin la firma de los responsables.
Guardería insalubre
De “espacio físico insalubre” fue calificado el sitio donde funciona la Guardería Municipal La Esperanza, que tiene aguas cloacales en su predio. Niños de 2 a 4 años asisten al sitio. Los encargados dijeron desconocer si había permiso o habilitación del MEC y que no tenían reglamento interno.
Hallaron que en octubre se pagó unos G. 479 millones de recursos propios a la empresa MG Distribuidora y Eventos; fue en concepto de productos alimenticios para lo que usaron facturas créditos con timbrado vencido.