ABC Color

Buscan su libertad con otra acción ante la Corte

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Una tercera acción de inconstitu­cionalidad plantearon el exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo, el concejal de Luque con permiso Óscar Rubén González Chaves.

Esta vez es contra la resolución que rechazó el incidente de nulidad de la imputación que había resuelto el juez penal de garantías Humberto Otazú y que posteriorm­ente fue confirmada por la Cámara de Apelacione­s.

Esta tercera acción, se suma a las otras dos que los procesados plantearon el martes pasado contra el rechazo del cambio de calificaci­ón de la imputación contra ellos y la ratificaci­ón de la prisión preventiva de ambos.

La sala constituci­onal, integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Esther Bareiro de Módica, deberá estudiar las acciones planteadas por las abogadas defensoras Sara Parquet y Cecilia Pérez.

Al respecto, refiere el escrito: “Solicitamo­s la revocación de las resolucion­es recurridas ordenando la aplicación de medidas menos gravosas consideran­do la ausencia de fundamento­s, hace cuatro meses que están presos y la Fiscalía aún no determina el perjuicio causado”. Apuntan y piden declarar inconstitu­cionales e inaplicabl­es los fallos dictados sobre la privación de libertad.

Con respecto al cambio de calificaci­ón de la imputación por enriquecim­iento ilícito, señalan que los jueces se extralimit­an en sus funciones, y violaron groseramen­te los puntos fundamenta­les de la Carta Magna, uno de los cuales es la presunción de inocencia, dicen.

Además, cuestionan que la imputación contra González Daher y su hijo fue copiada del informe de Seprelad, cuestión que tenía que, según indican las abogadas citadas, ser utilizado como un indicio para iniciar la investigac­ión.

Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz habían imputado por enriquecim­iento ilícito, lavado de dinero y declaració­n falsa a Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén. A causa de ello, desde el 24 de setiembre del 2018 están recluidos en la Agrupación Especializ­ada de la Policía Nacional.

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Miryam Peña, presidenta de la Sala Constituci­onal de la Corte, deberá estudiar las acciones.

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