Sinadi: 1.500 escuelas en terapia intensiva
El presidente del Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios del país (Sinadi), profesor Miguel Marecos, fue lapidario al señalar la situación actual de las instituciones educativas.
“Nosotros hacemos un sondeo en forma paralela, porque siempre hay que hablar con la verdad. Ya el año pasado hemos focalizado 3.500 instituciones que están en terapia y de esas, al menos unas 1.500 están en terapia intensiva”, manifes- tó Marecos.
Consultado sobre qué quiere decir en “terapia intensiva”, Marecos dijo: “Quiere decir que en cualquier momento se cae el techo de un aula y fallecen algunos niños”.
La situación de estas 1.500 instituciones educativas es tan preocupante que el presidente del Sinadi indicó que de un momento a otro se podría tener otro “Ycuá Bolaños” –refiriéndose a la tragedia del supermercado– comparando con el peligro que hay de que varios niños mueran dentro de las aulas. “Allí recién se van a dar cuenta de la gravedad del caso”, manifestó.
“Ya hemos hecho varias propuestas –para revertir la situación–, como por ejemplo la reforma de la ley del Fonacide”, comentó.
Añadió que todo el día se publica cómo se dilapida como un carnaval la plata del Fonacide porque es totalmente sin control. “Un intendente dice, ‘si yo gasté’, pero en qué gastó es el problema, nadie tiene acceso a los documentos”, afirmó.
El MEC tiene que tener un contralor. “Nosotros no queremos que se anule la posibilidad a los intendentes de administrar esa plata porque ahí matamos la descentralización. Pero sí que se modifique la Ley 4758/12 que crea el Fonacide para un mejor control de esos fondos”, acotó.
Hoy día el MEC no tiene injerencia en la recepción final de las obras y es el intendente el único responsable. “Queremos que los contralores sean los jóvenes, estudiantes, profesores, directores, que se controlen las obras terminadas. Porque hoy los intendentes presentan con soporte magnético nomás su rendición de cuentas a la Contraloría, Hacienda y Auditoría del Poder Ejecutivo. Pero ese es un documento frío, allí no se verificó si el ladrillo es de primera o de segunda. Ellos ponen que es todo de primera pero a los dos meses se cae a pedazos, porque no se verifica la terminación de la obra, no se fiscaliza la recepción, ese es el problema de la ley”, expresó.