El dinero para la educación sigue engordando a los ladrones públicos.

Entre 2012 y 2018, los Gobiernos departamentales y municipales recibieron del Fonacide un total de 2,7 billones de guaraníes (451 millones de dólares), la mitad de los cuales tenía que haber sido empleada para construir, remodelar, mantener y equipar escuelas y colegios. No obstante, como nadie ignora, la infraestructura educativa es una vergüenza nacional que humilla a los docentes y a los alumnos, muchas veces forzados a tener clases bajo los árboles o hasta arriesgar sus vidas en aulas ruinosas. El escándalo, de ya larga data, se refleja en el espeluznante dato de que los techos de unos 1.500 edificios podrían desplomarse en cualquier momento, según el Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios. Sin embargo, las Gobernaciones y municipalidades han recibido sumas millonarias para atender esas necesidades. La lamentable situación del sector educativo debe llegar a su fin. Para empezar, el MEC debe pasar de las alharacas a impulsar denuncias firmes, para enviar señales inequívocas de que los ladrones serán perseguidos y sancionados y de que el dinero sustraído será recuperado.

Entre 2012 y 2018, los Gobiernos departamentales y municipales recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) un total de 2,7 billones de guaraníes (451 millones de dólares), la mitad de los cuales tenía que haber sido empleada para construir, remodelar, mantener y equipar escuelas y colegios. No obstante, como nadie ignora, la infraestructura educativa es una vergüenza nacional que humilla a los docentes y a los alumnos, muchas veces forzados a tener clases bajo los árboles o hasta a arriesgar sus vidas en aulas ruinosas. El escándalo, de ya larga data, se refleja en el espeluznante dato de que los techos de unos 1.500 edificios podrían desplomarse en cualquier momento, según el Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios. Sirva como ejemplo de esta desastrosa realidad, que sería una de las causas de la deserción de unos cien mil niños y jóvenes del sistema educativo, que la gobernación de Caaguazú tiene 800 pedidos de arreglo y construcción de salas, pero solo podrá satisfacer 30. Esto, pese a que en los últimos seis años obtuvo del Fonacide 22.000 millones de guaraníes, a los que deberían agregarse en 2019 unos 3.778 millones , si se mantiene la suma transferida en 2018 por el Ministerio de Hacienda. Entre las Municipalidades del mismo departamento, las de Caaguazú y Coronel Oviedo recibieron en igual periodo 18.623 y 17.201 millones de guaraníes, respectivamente, también para destinarlos en un 50% a la infraestructura educativa. Y bien, pese a los considerables recursos transferidos

hasta hoy, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) proveerá ahora de “carpas móviles” a las escuelas cuyas salas han sido clausuradas por razones de seguridad. Como si fuera poco, numerosas instituciones ya las rechazaron porque, al no estar ventiladas, es imposible permanecer bajo ellas debido al calor. La calamitosa situación descrita es el resultado de la inutilidad de los Gobiernos departamentales y municipales, así como de la falta de supervisión del MEC, pero, sobre todo, de una corrupción desaforada , en la que intervinieron gobernadores, intendentes y concejales. Una gran responsabilidad también le corresponde a la comunidad educativa, que no se interesa en informarse de los recursos recibidos por sus autoridades, para reclamarles que los destinen a los objetivos asignados. Hasta la fecha, ninguno de los sinvergüenzas ha sido condenado por haberse enriquecido a costa de la educación. Siguen allí de lo más campantes, tanto que muchos de ellos fueron reelectos en los últimos comicios generales y municipales. El Ministerio Público ha hecho poco o nada para investigarlos, imputarlos, acusarlos y lograr su condigno castigo, por lo que la Procuraduría General de la República no puede recuperar las sumas robadas a diestra y siniestra. No faltarán testigos de los latrocinios, empezando por los padres de los alumnos directamente afectados, que puedan contarle cómo ciertos “políticos” locales se apropiaron de lo que debía destinarse a la formación de sus hijos. En consecuencia, todo sigue igual, aunque desde hace años se viene denunciando los descomunales robos en todo el país. A propósito, aún no se ha auditado el uso que la exintendenta esteña Sandra McLeod dio a los 66.211 millones de guaraníes del Fonacide que recibió entre 2012 y 2017. En su reciente informe, la Contraloría General de la República se limitó a impugnar la construcción de guarderías infantiles en sitios insalubres, habiéndose denunciado que tiene parte del dinero generando intereses en cuentas bancarias. La gran comilona en materia educativa no se restringe a las administraciones departamentales y municipales, sino que también alcanza, por supuesto, al MEC. Se recordará, para no ir más lejos, que a poco de haber asumido el cargo, el ministro Eduardo Petta denunció haber encontrado 1.200 “planilleros”, entre ellos personas ya fallecidas, presidiarios y políticos, 580 de los cuales iban a ser sumariados. Hasta hoy no se sabe que alguno de los avivados haya sido destituido y procesado, de modo que siguen cobrando el sueldo por no trabajar, lo mismo que aquellos funcionarios que están en el “freezer” porque no tienen ocupación alguna. Es decir, en vez de pedir la colaboración de la gente para que ciertas instituciones educativas cuenten con pupitres, el ministro debería al menos llevar a cabo lo que anunció con tanta rimbombancia, para que no se afirme que solo montó un show. Se puede tener la certeza de que, si se efectuara una seria auditoría en el MEC, se hallaría que solo en la última década se robó y se despilfarró a gran escala, tanto o más de lo que se ha venido haciendo en las Gobernaciones y las Municipalidades. Es decir, si “la mayor parte de las instituciones educativas públicas no cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura e insumos básicos para operar” –tal como se lee en un informe del Banco Mundial, de noviembre de 2018–, no es tanto por falta de fondos cuanto por el hecho de que una buena parte de lo presupuestado para la infraestructura educativa termina en los bolsillos de los administradores. La lamentable situación del sector educacional debe llegar a su fin. Para empezar, el MEC debe pasar de las alharacas a impulsar denuncias firmes, para enviar señales inequívocas de que los ladrones serán perseguidos y sancionados y de que el dinero sustraído será recuperado. De lo contrario, el mayor gasto público solo servirá para seguir engordando las faltriqueras de políticos y funcionarios bandidos.